El Govern busca eximir del IVA las ayudas a servicios subvencionados

El Ejecutivo catalán trata de frenar la ofensiva de Hacienda que exige el impuesto por las ayudas al precio en empresas públicas y privadas

Vehículos menos contaminantes. Un autobús eléctrico de la flota de TMB. / EL PERIÓDICO

El Govern busca soluciones para evitar que el transporte público o entidades culturales tengan que pagar el IVA por las subvenciones que reciben para financiar sus actividades. El equipo económico encabezado por el 'vicepresident' Oriol Junqueras ya ha hecho algún movimiento en este sentido ante el Ejecutivo central y, en concreto, el Ministerio de Hacienda, según ha podido saber este diario.

Las alarmas se dispararon después de comprobar que la Agencia Tributaria ha levantado actas a empresas públicas y privadas en las que les reclama el IVA por esas actividades. En este apartado se encuentran también televisiones públicas o centros de investigación, como adelantó este diario.

Solo en el ámbito del sector del transporte en Catalunya, uno de los más afectados, las sumas implicadas en estas actuaciones del fisco pueden alcanzar los 60 millones de euros, según fuentes conocedoras de la situación.

SIN COMPETENCIA

Una de las soluciones que esgrimen desde la Conselleria d'Economia consistiría en introducir aclaraciones en el artículo 78 de la ley del IVA, reformada en el 2014, para liberar a este tipo de servicios del IVA. Se trataría de reforzar la seguridad jurídica de las empresas afectadas, que son públicas y privadas.

La Autoritat del Transport Metropolità, entre los afectados

En la misma auditoría se indica que cualquier importe que hubiera que pagar por estos conceptos "debería de ir acompañado de la correlativa compensación por parte de las Administraciones aportantes". En este caso se trata de la Generalitat, elAyuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en virtud de los contratos-programa y los convenios firmados.

La vía sería eximir las subvenciones a servicios de competencia pública en mercados en los que no hay libre concurrencia, como el transporte público. Otro sería aquellos en los que, aun habiendo competencia, la ayuda recibida no distorsiona el precio porque el que paga el usuario es el de mercado, como en el caso de los espectáculos culturales. Lo mismo sucede con las subvenciones a la cultura. Son servicios que sin apoyo público para cubrir sus costes reales a duras penas podrían subsistir.

TELEVISIONES PÚBLICAS E I+D

Desde el Govern también se defiende eximir a las televisiones públicas, ya que en estos servicios no existe contraprestación por parte del usuario o en las destinadas a centros que están dedicados a la investigación y desarrollo (I+D). El objetivo de las modificaciones que se estudian consistiría en dejar clara la diferencia entre las subvenciones o transferencias presupuestarias que provocan distorsiones en los mercados en los que existe libre competencia y aquellos en los que no la hay.

A raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 2014 sobre una residencia geriátrica francesa, Le Rayon d'Or, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, hizo interpretaciones que asumió también la Agencia Tributaria a través de comunicaciones internas.También se reformó la ley del IVA, con cambios que entraron en vigor en el 2015 y que modificaron la forma en la que se aplicó el gravamen hasta ese momento.

Tras todo ello, la delegación especial de Hacienda en Catalunya empezó en julio del año pasado a enviar requerimientos a empresas de transporte y otras. La actuación del fisco supone un cambio de criterio al decidir que las ayudas de este tipo, conocidas como subvenciones vinculadas al precio, que habían quedado excluidas hasta entonces, quedaran sujetas al IVA.

Aunque en algunos casos los ejercicios que se exigen por parte de la Agencia Tributaria son los cuatro últimos, también se reclaman regularizaciones del 2015, el ejercicio en el que entraron en vigor los cambios en la ley del IVA, en adelante. También puede resultar un problema para la administración que otorga las subvenciones, sea autonómica, provincial o local, ya que las entidades y empresas afectadas pueden reclamar en el futuro la parte que les ha exigido Hacienda en concepto del IVA.