El Govern aprobará en los próximos días un decreto para incrementar la centralización de compras de bienes de uso común y recurrente en la Administración, con lo que el valor de estas pasará de los 241 millones actuales a 429 millones en base a los Presupuestos del ejercicio actual. El ahorro mínimo previsto es del 5%, pero que podría llegar al 16%. El Estado calcula que este sistema proporciona un ahorro del 10,9%.
En la Generalitat, la compra centralizada supone hoy por hoy unos ahorros anuales de 12 millones (una cifra similar a la que aporta el impuesto turístico), con el cálculo más moderado. La cantidad podría pasar a ser de 21,4 millones (cercano a los ingresos de la tasa a proveedores de internet), pero podría llegar a 43 millones (similar a la recaudación de los impuestos medioambientales), con la estimación del Gobierno central.
Para ganar agilidad se creará Catalunya Compra Pública, a partir de la Comissió Central de Subministraments (CCS), constituída en 1993, que operará como una auténtica central de compras. Mediante el decreto, el servicio pasará a prestarse a un total de 33 entidades del sector público, frente a los 13 departamentos cubiertos actualmente. También se sumarán 10 nuevas familias de bienes y servicios de uso común a las 13 actuales, que la dirección general de Patrimoni consensuará con los distintos departamentos y entidades, ya que supone un cambio de cultura en la gestión.
El perímetro que podría llegar a cubrir este nuevo organismo a medio plazo supera los 1.075 millones, al elevar hasta 199 las entidades y departamentos del sector público que podrían benerficiarse de ello, explica el director general de Patrimoni, Francesc Sutrias.
CLÁUSULAS SOCIALES O AMBIENTALES
Además de aumentar los ahorros y la eficiencia, uno de los objetivos de la medida es facilitar la implementación de políticas públicas, apostar por la innovación y facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública. El decreto es "la caja de herramientas" que ha de permitir implementarlo todo, afirma Sutrias. Se trata de convertir a la Administración en un gran comprador con gran capacidad de negociación en el mercado y de implantar sus políticas en las licitaciones.
Actualmente están adheridas de forma voluntaria a la compra centralizada otras entidades y organismos del sector público de la Generalitat, municipales o supramunicipales (hasta 363 entidades) y emplean contratos marco basados en los de la Generalitat. En la medida en la que aumente el perímetro, la adhesión actualmente voluntaria podría pasar a ser obligatoria.
Todo ello permite trasladar los requisitos de la contratación pública al resto de Administraciones. El año pasado, la Generalitat rescindió el contrato a un proveedor por incumplir la normativa laboral y su capacidad de aplicar estas políticas crecerá a medida que lo haga su peso en el mercado como comprador.
LIMPIEZA Y MOBILIARO DE OFICINA
En servicios de limpieza, mobiliario de oficina, papel para impresión y escritura incluyen cláusulas medioambientales que promueven los productos de higiene o la flota de vehículos más ecológicos. En materia laboral, los requisitos se centran en los servicios intensivos en mano de obra, como la vigilancia o la limpieza.
En la actualidad, las compras centralizadas se realizan con el material y el mobiliario de oficina, la vigilancia y la seguridad, la limpieza, la energía, el papel, la prevención de riesgos laborales, el combustible, las bases de datos jurídicas, los servicios postales, los de mensajería o las agencias de viajes.
Compra Pública de Catalunya estará adscrito a la Vicepresidència y Conselleria de Economia i Finances, al frente de la que está Oriol Junqueras; y la coordinación correrá a cargo del dreictor general de Patrimoni.