Lejos de sacar pecho por los 97,5 millones de superávit con los que el Ayuntamiento de Barcelona cerró el 2016, la alcaldesa Ada Colau señaló desde el primer momento al ministro Cristóbal Montoro como culpable de una situación que juzgan "insostenible". "Los ayuntamientos somos mayores de edad. Es una enorme irresponsabilidad dejarnos sin herramientas. Somos los primeros garantes de la cohesión social", señala el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, quien denuncia que la llamada ley Montoro es "un golpe contra el municipalismo; una ley injusta que nos ahoga"".
"La ley Montoro va mucho más allá de lo que exige la Constitución, incluso más de lo que requiere el marco europeo. Es más restrictiva y más antisocial. Una ley excesivamente rígida que castiga a los ayuntamientos saneados, como el de Barcelona, y a los que han heredado situaciones de sobreendeudamiento de gobiernos anteriores, como el de Madrid", señala el edil, quien añade que la conocida como ley Montoro tiene muchas consecuencias, más allá de la regla de gasto. Impide, por ejemplo, reforzar las plantillas. "El Ayuntamiento de Barcelona tiene una temporalidad de un 13%, pero la ley no nos permite internalizar", ejemplifica.
La regla de gasto fuerza a los ayuntamientos que no tienen un nivel elevado de endeudamiento y generan superávit, a guardar ese dinero en un cajón o invertirlo en lo que la ley llama "inversiones financieramente sostenibles", como edificios, lo que indigna a Pisarello.
UNA RENTA MÍNIMA GARANTIZADA AMBICIOSA
A la pregunta sobre qué haría Barcelona si no tuviera que aplicar la regla de gasto, el teniente de alcalde lo tiene claro: "Planificar de forma más eficaz para poder reforzar las políticas sociales". "Podríamos, por ejemplo, plantear una renta mínima garantizada más ambiciosa", subraya.
A ojos del número dos de Colau, uno de los principales problemas de raíz de la ley es que condiciona la orientación de las políticas municipales. "Los ciudadanos de Barcelona han votado a Colau, y los de Madrid a Carmena, no a Montoro; no puede ser él quien decida en qué invierten los ayuntamientos", señala. "Esta ley es un instrumento para favorecer la recentralización y debilitar a los ayuntamientos. Un golpe a los municipios y también un golpe democrático", insiste."Buena parte del problema que nos encontramos con las remunicipalizaciones viene de aquí", indica el primer teniente de alcalde.
Pese a lo restrictivo de la ley, Pisarello señala que el año pasado se hicieron dos modificaciones presupuestarias con las que se pudieron sacar adelante su prometido plan de choque social: "Intentamos buscar las fisuras legales que nos permitan impugnar el espíritu de la ley".
"RAZONAMIENTO PERVERSO"
El concejal subraya también lo que a sus ojos es "un razonamiento perverso". "La ciudadanía no entiende por qué los ayuntamientos están obligados a dejar superávits millonarios en el cajón, y que además se tengan que destinar a pagar a los bancos en un momento en que hay necesidades sociales apremiantes", insiste.
Más allá de la regla de gasto, el 'común' plantea un replanteamiento global de la financiación local.
Madrid acepta recortar su gasto en 238 millones
Después de numerosos ‘tiras y aflojas’ con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Manuela Carmena, se ha avenido a recortar su presupuesto de gastos del 2017 en 238 millones, tal como le exigía el Gobierno. El delegado de Economía y Hacienda del consistorio, Carlos Sánchez Mato, anunció este lunes que el Ayuntamiento planteará una sucesión de acuerdos de no disponibilidad de partidas (recortes) que afectarán a partidas que, a cambio, podrán ser financiadas con cargo a superávit obtenido en el 2016. La ley de estabilidad presupuestaria (‘ley Montoro’) permite a los gobiernos municipales emplear parte del superávit obtenido en «inversiones financieramente sostenibles (IFS)» que se realicen en el ejercicio siguiente al del remanente. Esta es la figura que vienen empleando el Ayuntamiento de Barcelona y otras corporaciones locales para dar salida a parte de sus ahorros y es la vía por la que ha optado Madrid para cumplir la exigencia de recorte presupuestario en el 2017 que impone Hacienda sin dejar de realizar las inversiones programadas (que se financiarán con cargo a ahorrosdel 2016). «Siempre hemos dicho que cumpliremos con una normativa hostil y negativa y que lo haremos sin menoscabar las políticas públicas y el gasto porque defendemos que son compatibles las dos cosas: la realización de acuerdos de no disponibilidad con el blindaje de las políticas públicas», afirmó Sánchez Mato.