Choque de trenes en la Audiencia Nacional. De un lado, los imputados Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Javier Aríztegui, gobernador y subgobernador del Banco de España cuando Bankia salió a bolsa en julio del 2011. Y del otro, el testigo José Antonio Casaus, el inspector jefe del organismo en el banco, que advirtió a sus superiores en cuatro mails de que la entidad no tenía futuro y podía acabar nacionalizada, como sucedió en mayo del 2012. Pese a este acierto, Fernández Ordóñez aseguró ante el juez que "nadie" le habló de la supuesta inviabilidad de la entidad y que sus subordinados "hicieron bien" en no enviarle los correos porque "Casaus se equivocó en sus previsiones", informaron fuentes presentes en la sala. 

Una afirmación sorprendente que el exalto cargo no supo explicar, aunque él se escudó en que era "algo difícil de explicar a un tertuliano". Justo entonces le preguntaba el exlíder de UPyD Andrés Herzog, ahora acusación por la CIC. La tesis general de Ordóñez es que la nacionalización de Bankia en el 2012 no se debió a problemas ocultos en su balance, sino a la "inesperada y repentina" vuelta de la economía a la recesión entre finales del 2011 y principios del año siguiente (por muy bien que se construya un puente un terremoto lo puede derruir, dijo). Así, defendió que las cuentas del banco -cuya corrección o no es la base de la causa iniciada hace casi cinco años- eran fidedignas, en contra de lo sostenido por los inspectores del supervisor que actúan de peritos que las consideran falseadas.

Fernández Ordóñez también admitió que su mayor preocupación era que Bankia captara 3.000 millones de euros de sus nuevos accionistas, pero negó haber presionado a los otros bancos que participaron en la operación. "El supervisor no puede hacer gestiones en favor de uno de sus supervisados", aseguró. Llama la atención, porque distintos banqueros de la época han admitido que recibieron llamadas suyas y de Aríztegui para que apoyaran la operación y que el Gobierno también hizo gestiones con empresas no financieras. 

ADVERTENCIAS MEDITADAS

Fernández Ordóñez se alineó así con los otros imputados del Banco de España, que defendieron estos días que las advertencias de Casaus no eran más que "opiniones personales", "no suficientemente pensadas". El inspector jefe, que lucía en la solapa un lazo antiabortista, venía preparado y les enmendó la plana de forma tajante: defendió que sus mails fueron "muy pensados y meditados", "consensuados" con el resto de inspectores, y que no solo hablaban sobre el futuro de la entidad sino que incluían advertencias sobre sus cuentas del primer trimestre del 2011. Pese a ello, sostuvo que no tuvo ninguna contestación: "Nadie discutía mi diagnóstico de que el grupo estaba muerto", dijo.

Pese a ratificarse en lo fundamental, el funcionario admitió un par de equivocaciones: que cuando hablaba de Bankia en sus correos se refería al grupo BFA-Bankia, y otro que calificó de "desafortunadísimo": incluyó un párrafo en uno de sus informes de seguimiento antes de la salida a bolsa en el que afirmaba que el banco tenía "saneamientos suficientes" en su balance. No recibió presiones de sus jefes pero lo "consensuó" con ellos y lo considera un error que asume como propio.

EL BANCO MUY MALO

Los abogados de los imputados del Banco de España intentaron desacreditarle destacando que en sus informes de seguimiento no incluyó las advertencias que lanzó en los mails a su superior, Pedro Comín. Pero Casaus explicó que en marzo del 2011 ya incluyó algunas alertas y que luego no se mostró en contra de la salida a bolsa porque esta ya se había producido. "El banco malo es Bankia; BFA es el muy malo", aseguró que le contestó a un jefe que le pidió que no se refiriese a la entidad en esos términos. "Igual había algún error, nadie es infalible, pero me lo podían haber dicho hace seis años", remachó.

Los correos de Casaus fueron claves en la decisión de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional de obligar a Andreu, en contra también de la opinión del fiscal Alejandro Luzón, a investigar a los exaltos cargos del Banco de España y la CNMV, por entender que había indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad”.

Tras declarar, el inspector dijo a la prensa que él de lo que quería hablar de los 100.000 abortos que hay al año en España de los que nadie informa.