El Govern considera que con los registradores ha actuado "en tiempo y formas de manera correcta", pese a querer romper el convenio que les une a partir del 1 de septiembre en lugar del 31 de octubre como prevé el contrato.
Ante la demanda planteada por este colectivo profesional por vía administrativa, la Conselleria de Economia asegura que todo se está llevando cabo mediante "un proceso ordenado" con distintas comisiones de trabajo.
Para el Ejecutivo catalán, la fecha del 1 de septiembre "es un punto de inflexión" para la Agència Tributària de Catalunya (ATC), en su despliegue territorial, tecnológico y en materia de recursos humanos. Es por eso que se denunció el convenio con los 9 meses de antelación previstos legalmente, explican portavoces del departamento al frente del que está el 'vicepresident' Oriol Junqueras.
A diferencia de lo que opinan los registradores, el Govern entiende que ha actuado de forma legal y cumpliendo los requisitos para zanjar el contrato de prestación de servicios mediante el que este colectivo profesional gesitona tributos cedidos como los de sucesiones o transmisiones patrimoniales.