El exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú no solo fue uno de los cuatro altos cargos de Bankia y Caja Madrid, sobre más de 80, que rechazó usar las tarjetas 'black' sino que desaconsejó al presidente que lo nombró, Rodrigo Rato, que la utilizase, según ha declarado este martes en la Audiencia Nacional. "Rodrigo, no uses esta tarjeta. Como la uses para gastos personales, saldrás en los papeles", fue la respuesta de Verdú cuando el exvicepresidente del Gobierno le entregó el plástico, con el que podía gastarse hasta 75.000 euros al año. 

La semana pasada, el expresidente negó que Verdú le hubiera alertado de nada y aseguró que se trataba de un "instrumento de liquidez" para cobrar el sueldo pactado. Pero su entonces número dos ha negado tajantemente esa versión ante la juez. "Le expuse que no estaba en mi contrato, que no entendía que en una entidad privada hubiera gastos sin justificar. Se enfadó bastante. Se molestó. Le advertí de que podría tener consecuencias importantes", ha mantenido. Rato se sintió despechado: "Al final de la conversación me dijo: quédatela, piénsatelo, haz lo que te dé la gana. Yo ya te he dicho lo que te tenía que decir". 

Durante su comparecencia como testigo en el juicio de las tarjetas, Verdú ha mantenido que el presidente "estaba preocupado" por la intención del Gobierno de limitar a 600.000 euros el sueldo de los banqueros de entidades con ayudas públicas. Para "paliar" ese "déficit de remuneración", que en el caso del consejero delegado le supuso perder el 75% de su salario, Rato le entregó un sobre del tamaño de un folio y le explicó que contenía una tarjeta "para gastos sin justificar".

El ejecutivo ha explicado que rechazó usarla pero no lo denunció --el punto más cuestionable de su versión-- porque pensó que con su advertencia había erradicado la práctica. Así, dejó el sobre en un cajón y lo devolvió sin activar al departamento de recursos humanos, pero no hasta que Rato dimitió y fue sustituido por José Ignacio Goirigolzarri. 

FIRMA FALSIFICADA 

Verdú también ha asegurado que nunca firmó el contrato de la tarjeta y ha acusado al exdirector financiero, Ildefonso Sáchez Barcoj, de "presuntamente" falsificar su firma en el mismo. Este ejecutivo, ha dicho, dependía de él y por ello también le advirtió de que no debía usar el plástico. Asimismo, ha asegurado que nunca se había encontrado unas tarjetas como las 'black' en ninguno de los ocho bancos donde había trabajado antes, frente a lo que defienden los acusados de que era una práctica habitual. 

Los acusados han seguido con tensión su testimonio, pero han elevado el tono con el de Iñaki Azaola, director de auditoría interna de Bankia, a quien han interrumpido varias veces con sus rumores, lo que ha obligado al tribunal a exigir silencio repetidamente. El autor del informe clave sobre los gastos realizados con las tarjetas opacas ha defendido que los datos que manejó son verídicos, un punto que las beligerantes defensas han tratado durante varias horas de refutar hasta ponerle nervioso y enojado. "Estoy totalmente seguro de que están todos los movimientos, son estos y no otros, porque hemos comprobado con apuntes contables, que es otra vía distinta. Es imposible modificarlos y no lo hemos hecho", ha sostenido.

SIN OCULTACIÓN

El ejecutivo, que llegó al banco de la mano de Goirigolzarri, ha afirmado que se limitó a "agregar los datos" que le proporcionó el departamento de sistemas: "Ni manipulamos, ni tocamos, ni alteramos". La mayoría de los acusados han alegado que no reconocen los gastos que se les imputan con el argumento de que se les adjudican varias operaciones al mismo tiempo en lugares distintos. Otro argumento que Azaola ha refutado: "No todas las operaciones se hacen online. Hay comercios que transmiten las operaciones una vez al día o tras varios días. Hay múltiples incidencias que pueden provocar retrasos".

El auditor también ha ratificado los puntos más relevantes de su informe: que Sánchez Barcoj era quien ordenaba la emisión de los plásticos; que los de época de Jaime Terceiro, antecesor de Miguel Blesa en la presidencia, eran solo para gastos de representación; que ningún órgano de gobierno de la entidad autorizó su creación ni aparecían en ningún registro; que estaban "al margen" del procedimiento ordinario de tarjetas; que las cuentas contra las que se cargaban "no figuraban absolutamente en ningún sitio"; y que la persona que recibía el detalle de los gastos efectuados "no tenía ninguna capacidad ni para saber el uso ni cómo se había gastado".