La tarea más importante que tendrá sobre la mesa el nuevo gobierno que con muchas probabilidades se formará antes de que termine octubre será elaborar un presupuesto “real” para el 2017. España remitirá a Bruselas a finales de esta semana –la fecha límite es el 15 de octubre- unas cuentas prorrogadas, sin cambios de política económica, que no incluyen el ajuste estructural del 0,5% del PIB exigido por la UE. Esto significa que el déficit se situará el próximo año más cerca del 3,6% que del 3,1% pactado con la UE y que el próximo ejecutivo tendrá que aplicar un nuevo ajuste de 5.500 millones.

"La diferencia fundamental está en el esfuerzo del 0,5% que corresponde a las medidas que tiene que hacer el próximo gobierno", ha admitido el ministro en funciones Luis de Guindos. “Ese 0,5% es lo que no puede hacer un gobierno en funciones”, ha añadido sin entrar a valorar si entre los ajustes que se avecinan podría entrar la subida del IVA de los productos y servicios que se benefician de un tipo reducido. “No me voy a poner en la posición del próximo gobierno. Soy ministro de un gobierno en funciones”, ha zanjado.

Guindos considera que este nuevo proyecto de presupuesto podría estar listo antes de finales de año y espera que ni el PSOE, ni Ciudadanos ni el PNV pongan problemas para su aprobación porque lo importante sería hacerlo de la forma más rápida posible. “Estoy convencido de que comprenden cuáles son nuestros compromisos con Bruselas y que es muy importante desde el punto de vista de la credibilidad y nuestro compromiso con la zona euro que el año que viene tengamos un objetivo del 3,1%”, ha explicado.

En su opinión, todas estas formaciones políticas son conscientes de los compromisos asumidos por el gobierno de Mariano Rajoy en materia presupuestaria y del margen concedido por la UE para sanear las cuentas públicas. “Teníamos un objetivo del 2,8% para este año y ahora estamos en el 4,6%. Son cerca de 20.000 millones adicionales de margen presupuestario que posteriormente hay que distribuir entre las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas”, ha explicado tras la reunión del Ecofin.

El ministro en funciones considera que la nueva senda fiscal aprobada en agosto –del 4,6% en 2016, 3,1% en 2017 y 2,2% en 2018- es “razonable” ya que permite reducir el déficit público “a un ritmo adecuado y sin ahogar al crecimiento económico”. Algo crucial dado que la deuda España roza el 100% del PIB y que el país es “vulnerable ante cualquier repunte de tipos de interés”. Guindos, que ha admitido que se equivocaron cuando situaron el déficit en el 4,5% y se disparó por encima del 5%, ha quitado en cambio hierro a las dudas expresadas por el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en torno a las cifras del gobierno.