Nuevo órdago al Estado, aunque sin estridencias. El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha asegurado en el Parlament que la hacienda catalana duplicará en apenas 10 meses (julio del 2017) el volumen de impuestos que gestiona, hasta llegar a los 3.097 millones de euros, así como la plantilla, que será de 800 personas, frente a los 375 actuales. Eso supondrá duplicar los costes de personal, de 14,9 millones a 31,5 millones. El Govern prevé asumir "el grueso de las funciones de recaudación ejecutiva" (embargos de cuentas y activos) "dentro del primer semestre del 2017".
El plan acelerado explicado por Salvadó en la comisión de Hacienda cuenta con una primera fase que aprovecha todo el margen que otorga el marco autonómico, pero contempla otra etapa "ya con plenas competencias en materia tributaria", en un estado independiente, una situacion a la que no ha hecho mención expresa.
En la actualidad, la Agència Tributària de Catalunya (ATC), cuya nueva directora será a partir del 1 de octubre Olga Tomàs, que relevará a Teresa Ribas, que será gerente del Institut Munciipal d'Hisenda del Ayuntamiento de Barcelona; recauda 1.242 millones de euros, que suponen el 40% de los 3.097 millones en ingresos no sujetos a anticipos del sistema de financiación autonómica.
La dotación presupuestaria de la ATC, actualmente de 43 millones, incluirá dn los presupuestos del 2017 la suma suficiente para el despliegue territorial y de personal previsto, ha asegurado.
A preguntas de Ciutadans y el PP, Salvadó ha asegurado que lo que está haciendo "lo haría hoy, ayer o hace 10 años". Y ha recordado que el Govern cuenta con una hoja de ruta de 18 meses. "Nos encantaría hacerlo en cuatro años, pero tenemos que hacerlo en 18 meses", ha enfatizado. Y ha explicado que el PP de Baleares llevó a cabo actuaciones para asumir de forma directa la gestión, liquidación y recaudación de todos los tributos cedidos y se hizo "por eficiencia".
Siguiendo con los sobreentendidos y sin pronunciar palabras como independencia o estructuras de estado, Salvadó ha resaltado que la primera fase de este plan, aún en el marco autonómico actual, "es imprescindible para la segunda".
La inversión para sumar 15 oficinas propias dentro de este plan será de 6,2 millones y 8,5 millones en personal en el plazo de 10 meses. Durante su comparecencia, ha explicado que al asumir de forma directa tareas que en la actualidad se tienen contratadas con la Agencia Tributaria estatal (recaudación ejecutiva) y con los registradores de la propiedad, la hacienda catalana reducirá costes a la mitad, al pasar de los 37 millones actuales a 19,83 millones.
El coste anual para la administración catalana de externalizar la recaudación ejecutiva es de 9 a 10 millones de euros, que percibe la hacienda estatal; y el de los trabajos que hacen las oficinas registrales, llegará el año que viene a unos 30 millones, frente a los 27,5 millones de este año, ha dicho.
EMPLEADOS DE LOS REGISTROS
La idea de Salvadó es denunciar el mes que viene el convenio para la gestión, liquidación y recaudación de los impuestos de transmisiones y de sucesiones firmado en el 2012 y prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2017. Además el próximo 31 de diciembre vence otro contrato firmado con el mismo colectivo en el 2015 para implementar tecnologías de la información de gestión tributaria. En este sentido ha explicado que el próximo 5 de octubre iniciará las negociaciones con el decanato de los registros de la propiedad.
Salvadó ha asegurado que el objetivo es la asunción de plenas competencias fiscales. Este mes o el que viene, ha anunciado, se aprobará una orden con un nuevo modelo organizativo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Además de salir de las capitales de provincia, este despliegue territorial "es fundamental" para asumir la recaudación ejecutiva de tráfico, que gestiona unas 350.000 deudas anuales; y de ayuntamientos; y para la gestión de todos los impuestos cedidos, una parte de los cuales desarrollan actualmente las oficinas liquidadoras de los registradores de la propiedad.
El secretario de Hacienda ha asegurado que el objetivo es "facilitar la incorporación" de los 277 empleados de las oficinas liquidadoras de los registradores de la propiedad que hoy están en régimen laboral.
Pero, al reservar la legislación estas tareas a funcionarios, en los concursos públicos que se lleven a cabo, "la experiencia en la liquidación de tributos cedidos será valorada en los baremos de aplicación" cuando estos profesionales opten a las plazas.
El representante del Govern ha recordado que una "incorporación directa" de los afectados en la Agència Tributària de Catalunya (ATC) "no tiene amparo legal". el plan del Ejecutivo catalán es proveer esas plazas mediante funcionarios interinos.
Desde la oposición se ha reclamado al Ejecutivo catalán que dialogue con el personal de las oficinas liquidadoras. Salvadó ha explicado que no lo hará hasta no conocer cómo van las negociaciones y si el Govern dispondrá de presupuesto para llevar a cabo sus planes.
Salvadó ha recordado que el último referente en el camino hacia una hacienda propia es la proposición de la primera ley del Código Tributario de Catalunya, presentada en ponencia conjunta el pasado 29 de julio.