Los fondos concedidos por el Gobierno español al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en la localidad andaluza de Antequera, que no llegó a realizarse, no responden a un “auténtico objetivo común”, porque no contribuyen al desarrollo sostenible de Andalucía, y España tendrá que recuperarlos. El proyecto, según la Comisión Europea, no se ajustaba a la normas de la UE y las autoridades españolas tendrán que iniciar los trámites para recuperar 140,7 millones de euros.

ADIF anunció este lunes que devolverá en las próximas semanas al MInisterio de Hacienda el importe que adelantó el Gobierno, y añadió que esta decisión ya se tomó pasado enero.

La decisión hecha pública este lunes por la Comisión Europea es el resultado de una investigación pormenorizada sobre los planes de financiación del que se conoce como anillo ferroviario de Antequera, cuyo coste fue estimado en 358,6 millones. Se trata de un proyecto de circuito ferroviario de ensayos en el que los trenes deberían poder circular a muy alta velocidad, con instalaciones adicionales para el ensayo, la homologación y la puesta a punto de material ferroviario y de elementos de infraestrutura y superestructura.

El gobierno notificó en septiembre del 2013 a la Comisión Europea sus planes de construcción de estas instalaciones pero la investigación comunitaria reveló que parte de los pagos a ADIF -140,7 millones en total- se habían venido haciendo desde 2011 antes de que Bruselas diera su veredicto sobre este proyecto lo que significa una violación de las normas europeas. El análisis posterior ha confirmado, constata la Comisión, que el proyecto “no responde a un auténtico objetivo de interés común” ni “parece existir ningún interés en el mercado por desarrollar proyectos que funcionen a esas velocidades” ya que no sería comercialmente viable.

ENSAYO DE TRENES

A falta de demanda, avisa Bruselas, el uso de las instalaciones del citado centro se limitaría al ensayo de trenes y equipos a velocidades para las que ya existen instalaciones en otros países de la UE que funcionan sin ayudas –entre 320 y 350 km/h- lo que significa una duplicación de las infraestructuras. A esto se suma el que no ha habido ningún inversor privado que haya mostrado interés por participar, que está previsto que el centro genere pérdidas durante todo el período de funcionamiento, y que no contribuye al promover el desarrollo sostenible de la comunidad autónoma andaluza ya que los efectos a corto plazo serán más bien limitados, con creación de empleo temporal y solo en el sector de la construcción durante el periodo de construcción de la infraestructura.

Por ello, Bruselas concluye que “el coste público habría sido desproporcionadamente alto”, que España no ha conseguido demostrar “que las ventajas compensen los costes de construcción y las pérdidas de explotación” y que la financiación pública del centro crearía “un falseamiento de la competencia”, resume el Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que califica la ayuda de incompatible con las normas del mercado interior.