“Nos vamos como hemos venido”. Los consejeros de Catalunya, Raül Romeva, de Andalucía, María José Montero, y de Castilla La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, han resumido así la reunión de este viernes entre los representantes autonómicos de Finanzas y el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Prácticamente todos los responsables autonómicos salvo el de Galicia (una de las tres autonomías que cumplieron el déficit en el 2015, junto a Canarias y Navarra) han expresado diferentes críticas al ministro de Hacienda, por lo que consideran un reparto de los objetivos de déficit excesivamente exigente para las comunidades autónomas. Todas ellas han expresado su compromiso con la reducción del déficit –según ha reconocido Montoro- pero la mayoría han dicho que no saben cómo hacerlo sin dañar las políticas de sanidad y educación de su competencia.
REUNIONES BILATERALES
Cuatro horas ha durado la reunión de la que los consejeros apenas han obtenido del ministro el compromiso de iniciar una ronda de reuniones bilaterales para abordar caso a caso los ajustes necesarios para cumplir el objetivo de déficit del 0,3% del PIB de este año (desde el 1,7% con que se cerró el 2015). En tanto no se complete el plan de ajuste de cada comunidad (con la fecha tope del 21 de abril), no recibirán los recursos del primer trimestre del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ni los siguientes.
Las claves de la noticia
- Bruselas aprieta 1. Tras el fuerte desvío del déficit público en el 2015 (en más de 8.600 millones, hasta el 5% del PIB), la Comisión Europea ha apretado las tuercas al Ministerio de Hacienda, y este se las apretado a su vez a las comunidades autónomas. El objetivo es presentar a Bruselas un plan de ajuste creíble, que impida la imposición de sanciones con la que amenaza a España.
- Autonomías 2. Reducir el déficit del conjunto de las autonomías desde el 1,7% del PIB registrado en el 2015 hasta el objetivo del 0,3% que, al menos de momento, se mantiene para el 2016 implica una reducción de unos 15.100 millones de euros.
- Las cifras 3.La mayor parte de esta reducción se logrará gracias a los recursos adicionales del sistema de financiación en el 2016 (unos 7.000 millones). Además, en el 2015 se contabilizaron gastos equivalentes al 0,2% del PIB que ya no se volverán a repetir en el 2016.
- Catalunya 4. Quedaría así por completar un ajuste autonómico de entre 4.000 y 5.000 millones. Ese el ajuste que en la práctica se está pidiendo a las autonomías y al que Montoro rehusa poner cifras. En el caso de , el ajuste pendiente se cifra en unos 1.500 millones.
La oferta de reuniones bilaterales del ministro se puede interpretar como una fórmula para ganar tiempo en espera de que Bruselas conceda a España un mayor plazo para reducir el déficit. Montoro ha reconocido que en ese caso se trasladaría un mayor margen a las autonomías, con un objetivo de déficit menos exigente que el 0,3% actual.
“Pero para obtener más margen de Bruselas, tenemos que aplicar medidas ahora. No al contrario. Tenemos que demostrar que somos serios”, ha dicho Montoro, acudiendo a la metáfora de que “no se pueden poner los carros delante de los bueyes”. En esta línea de construir un mensaje de firmeza ante la Comisión Europea y de intentar dar ejemplo de austeridad a las autonomías, el Consejo de Ministros ha acordado este mismo viernes un recorte de 2.000 millones sobre los presupuestos del Estado del 2016.
El ministro de Hacienda, en todo caso, sigue negando la necesidad de recortes. Mantiene que lo único que tienen que hacer las autonomías es evitar destinar los mayores recursos que obtendrán este año (unos 7.000 millones) a gastar más. Montoro habla de que para eso es preciso adoptar en la mayoría de los casos “acuerdos de no disponibilidad de gasto”, una suerte de eufemismo que en la práctica implica recortes sobre los presupuestos del 2016.
La Autoridad Fiscal Independiente, sin embargo, estima que cumplir el objetivo del 0,3% del PIB implicaría un recorte del gasto autonómico equivalente al 0,4% del PIB, entre 4.000 y 5.000 millones de euros.
Para el caso de Catalunya, el recorte pendiente se estima en unos 1.500 millones de euros, una cantidad que se compara, por ejemplo, con la destinada por la Generalitat en 2015 a políticas sociales (1.823,5 millones).
Este es el esfuerzo adicional que el Govern de la Generalitat se niega a completar por considerarlo “inasumible” e “inaplicable”, según ha remachado el conseller de Relaciones Institucionales y Exteriores, Raül Romeva, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este encuentro Romeva ha asumido la representación de la Generalitat de Catalunya en sustitución del vicepresidente y conseller de Economia y Hacienda, Oriol Junqueras, de viaje en Roma donde tenía previsto encuentros con inversores .
“No lo aplicaremos, porque no podemos poner en riesgo los derechos elementales, el derecho a la salud, a la educación y a la Seguridad Social, y por tanto, todo lo que tenga que ver con la garantía de derechos de las personas lo defenderemos”, ha dicho Romeva.