Los más de siete millones de usuarios de gas empezarán en enero a pagar a través del recibo unos 4.700 millones de euros a lo largo de 30 años por la indemnización más los intereses por la paralización del almacén Castor, en la costa frente a Vinaròs (Castellón). La compensación que recibió hace un año la antigua concesionaria, Escal UGS, controlada por ACS, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue de 1.350 millones. Pero el pago a plazos a través del recibo durante tres décadas, junto con los intereses, hará que la cantidad se multiplique al final del periodo por más de 3,5 veces.
El Banco Santander, CaixaBank y Bankia son las entidades que cuentan con los derechos de cobro de esa deuda, que recuperan con un interés del 4,27%. Durante el año que empieza en poco más de una semana, los usuarios realizarán un primer de pago de más de 8,3 millones al mes, 100 millones anuales, como si fuera una hipoteca. Y todo ello a pesar de que las instalaciones, cuya explotación fue paralizada tras una serie de seísmos que provocó en el sur de Catalunya y el norte de la Comunidad Valenciana en el 2013, tienen diversas causas abiertas en los tribunales.
Las claves de la noticia
- Un permiso que reconoce una indemnización en cualquier caso Uno de los problemas de fondo es que cuando el Gobierno socialista autorizó la concesión del almacén Castor incluyó el reconocimiento de una indemnización en caso de extinguirse el permiso. En caso de dolo o negligencia se preveía devolver no el valor contable de lo invertido, sino el residual. El Gobierno actual recurrió estos apartados ante el Tribunal Supremo por considerarlos abusivos y contrarios al interés general. El alto tribunal rechazó el recurso del Ejecutivo a finales del 2013.
- Una instalación que se puso en marcha sin todas las comprobaciones El proyecto Castor se aprobó en el 2008 como un depósito estratégico.Nunca ha llegado a funcionar para lo que se previó. La concesionaria había empezado en junio del 2013 a inyectar gas colchón (un volumen mínimo de gas natural de prueba) para comprobar que funcionaba de forma correcta. Informes oficiales determinaron que esa actividad afectó a una falla no cartografiada hasta entonces, que desencadenó una serie de seísmos en la zona del Delta del Ebre y zonas colindantes.
- Una losa financiera que no podía pasar por las cuentas públicas El Ministerio de Industria tuvo que diseñar una fórmula que evitara que la losa de 1.370 millones que había que pagar a la concesionaria del Castor no afectara al déficit público. La solución fue usar a Enagás, el gestor del sistema, como intermediario para que los bancos pagaran la compensación y luego se les cediera el derecho de cobro con los intereses correspondientes. Los usuarios lo pagarían en el recibo en plazos, como una hipoteca. Es una práctica que ya ha sobrecargado la tarifa eléctrica en los últimos años (déficit de tarifa, ayudas al carbón) o la moratoria nuclear que ha acabado este mismo año.
Además, sobre el real decreto-ley que reconoce la compensación a la concesionaria tras revertir las instalaciones al Estado penden tres recursos ante el Tribunal Constitucional, uno de ellos interpuesto por la Generalitat, e incluso denuncias ante la Comisión Europea por parte de patronales como Cecot, el Consell Intertèxtil o Centre Metal.lúrgic.
HASTA 1.300 MILLONES EN CATALUNYA
En este sentido, el 'conseller' de Empresa i Ocupació en funciones, Felip Puig, se ha dirigido a Enagás, el gestor del sistema gasístico, en busca de soluciones para evitar que se cargue en los recibos de los usuarios el coste de unas instalaciones inactivas cuya explotación se inició "sin todas las garantías necesarias". Los más de dos millones de usuarios catalanes pagarán de la factura total entre 900 y 1.300 millones.
Puig entiende que la compañía tiene capacidad para hallar soluciones gracias a "una posición privilegiada y sin competencia en el sistema gasista español", según una misiva que ha remitido al presidente de Enagás, Antoni Llardén. Si no hace nada, agrega el 'conseller' ,"empresas y hogares tendrán un incremento injusto en sus facturas por un problema que no han creado". El secretario de Empresa i Competitivitat del departamento, Pere Torres, destaca además que los tribunales podrían determinar con el tiempo que la concesionaria no tiene derecho a la indemnización.
Por ello defienden que no se aplique aún el recargo en el recibo y asuma ese coste Enagás de forma transitoria. El problema es que esta compañía no es ni la propietaria de Castor, ni cuenta con los derechos de cobro de la deuda, sino que se ha ocupado del mantenimiento y la seguridad para hibernarlo a cambio de una retribución con cargo al sistema (la factura).
El Gobierno echó mano de la ingeniería financiera para el proceso. Primero, endosó a Enagás, en la que tiene un 5% del capital, la responsabilidad de indemnizar a la sociedad cuya concesión ha cancelado. En contrapartida, le transfirió al gestor del sistema los derechos de cobro. Enagás, como si fuera una mera intermediaria, de forma inmediata, cedió a los bancos que adelantaron el dinero para pagar a la concesionaria los derechos de cobro, tras una puja de ofertas convocada por el Ministerio de Industria. Así lo preveíael real decreto-ley que reconocía la compensación y revertía al Estado las instalaciones.
denuncia ecologista
Con esta operación, la Administración evitaba avalar y, por tanto, no engordada su déficit y ACS pagaba a los bonistas que financiaron la inversión, especialmente el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Gobierno reguló este proceso con un real decreto-ley en vez de otra norma de rango inferior para evitar que se pudieran presentar recursos en los tribunales. La única opción es la más restringida, el Constitucional.
La inminencia del recargo en los recibos ha llevado a distintas organizaciones, como Ecologistas en Acción, a reclamar a los partidos "a comprometerse en tomar acciones para evitar que sea la ciudadanía quien pague por este despropósito". Incluso han elaborado un vídeo en el que lo denuncian de forma sarcástica y comparan la indemnización a la concesinaria con la inminente Lotería de Navidad. "A los promotores del proyecto Castor les toca el Gordo. A la ciudadanía, las facturas", afirman.