La última investigación abierta sobre Rodrigo Rato tiene que ver con su patrimonio personal y familiar. El 16 de abril, fue detenido siete horas, mientras personal de la Agencia Tributaria registraba su domicilio y su despacho. Días antes, había trascendido que Rato estaba siendo investigado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), tras acogerse a la amnistía fiscal del 2012.
En este caso, se investiga la trama de sociedades que habría permitido a Rato ocultar sus ingresos al fisco. Bajo la lupa hay desde los pagos por cursos y conferencias hasta el cobro de comisiones a empresas de publicidad. El juez imputa a Rato los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y corrupción entre particulares. Hay otros ocho imputados, entre ellas los presuntos testaferros Alberto Portuondo (detenido desde agosto) y Miguel Ángel Montero, y la secretaria Teresa Arellano.
El juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga el caso, planteó una cuestión de competencia al Supremo al creer que corresponde a la Audiencia Nacional, pero juez Fernando Andreu se niega a asumirlo.