El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó ayer la apertura de juicio oral contra los dos máximos responsables de Caja Castilla-La Mancha, el expresidente Juan Pedro Hernández-Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega, a los que impuso una fianza de responsabilidad civil solidaria de 138,2 millones de euros, que deberán depositar en el plazo de 10 días por el «perjuicio económico» que causaron a la entidad.
En el auto de apertura de juicio se indica los delitos por los que ambos se sentarán en el banquillo: delitos societarios de falseamiento de cuentas y administración desleal. Les da 10 días de plazo para hacer efectiva la fianza. Si no, se les embargará.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de dos años y medio de cárcel para los dos acusados por haber realizado una «maniobra contable» y les atribuye un delito de falseamiento de cuentas. También pide su inhabilitación por dos años y medio. El Banco Castilla-La Mancha, actual propietario de la entidad, pide cinco años y medio, y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), cinco años.
La caja castellanomanchega fue la primera en ser intervenida y nacionalizada, en marzo del 2009, con un rescate que costó 9.000 millones de euros.
El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.