Aigües de Barcelna (Agbar) ha requerido al Govern a que anule el concurso por el que un consorcio encabezado por Acciona se adjudicó la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL). en diciembre del 2012. Mediante escritos dirigidos al 'president' Artur Mas, y a los 'consellers' de Economia y de Territori, Andreu Mas-Colell y Santi Vila, exige que se ejecute la resolución del organismo de la Generalitat, el OARCC, que invalidó la licitación en enero del 2013.

Las misivas, escritas por el catedrático de Derecho Santiago Muñoz Machado, denuncian "la recalcitrante actitud" del departamento de Territori en empeñarse en no ejecutar la resolución. En la carta se recuerda que tras ser rechazadas por el Tribunbal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la suspensión cautelar de la resolución del OARCC a petición de la Generalitat y de las empresas concesionarias, fue el Tribunal Supremo la semana pasada Tribunal Supremo el que avaló la decisión del TSJC.

Aunque la resolucióm del alto tribunal responde a uno de los tres recursos que se plantearon y aún no ha dado respuesta al planteado por la Generalitat, los abogados de Agbar entienden que estos "sostienen las mismas pretensiones y se basan en los mismos argumentos". El Supremo concluyó en contra de la recurrente Aigües de Catalunya, sociedad de la brasileña BTG Pactual, socia de Acciona en el consorcio. 

El abogado destaca que el acuerdo del OARCC "es ejecutivo y debería haberse cumplido hace ya casi dos años, excluyendo de la licitación al grupo liderado por Acciona Agua. Desde Agbar entienden que "la recalcitrante actitud" del la Conselleria de Territori "está conduciendo a una situación de grave riesgo para el servicio y de responsabilidad para la Generalitat". De hecho, añaden que "la resistencia al cumplimiento de actos administrativos eficaces y de las resooluciones judiciales que han denegado su suspensión tiene una gravedad que trasciende lo meramente administrativo".

El contrato firmado para la gestión de ATLL sirvió a la Generalitat para cumplir con buena parte de sus compromisos sobre el déficit en el 2012 al restar casi 1.000 millones a sus números rojos de ese ejercicio. Los abogados de Agbar recuerdan que existe "responsabilidad patrimonial" por parte de Territori por la que la compañía prevé reclamar "ante los órganos competentes".