La Generalitat seguirá adelante con el decreto de pobreza energética, pese a la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional (TC) tras admitir a trámite el recurso del Gobierno central sobre la normativa, ha remarcado este miércoles el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig.

En declaraciones a Rac, el conseller ha calculado que el decreto podría beneficiar a entre 50.000 y 70.000 familias catalanas, lo que supondría un coste estimado de entre 20 y 25 millones al año.

Ha tachado de "disparate" el recurso interpuesto por el Ejecutivo central, bajo el criterio de una unidad de mercado, que deja de lado a las personas en riesgo de exclusión social, ha opinado el conseller, quien ha explicado que el Govern busca recursos para sufragar estos costes, en colaboración de servicios sociales de ayuntamientos.