Como sucede con los médicos. O con los jueces. También son necesarios los árbitros de emergencia para que los procesos de mediación funcionen de forma efectiva. Por ello el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha creado esta figura desde hace unos días. El objetivo es que «el resultado del proceso quede asegurado», explica Jesús de Alfonso, presidente del TAB.

Y es que hasta ahora, aunque empresas o particulares recurrieran a un proceso arbitral, las medidas cautelares debían solicitarse por la vía judicial, que es un camino muy lento y que puede desvirtuar el resultado final. El árbitro de emergencia está capacitado para tomar medidas «para asegurar que el objeto del litigio no desaparece, como puede ser una finca o una fábrica», agrega.

El TAB se ha inspirado en la Cámara Internacional de París para establecer esta figura arbitral, explica De Alfonso. Este papel, el de árbitro de emergencia, lo puede llevar  a cabo cualquiera de los notarios, registradores o abogados que forman parte de la junta del tribunal.

El tribunal, integrado por colegios de abogados, notarios y registradores, ha cumplido este año su 25 aniversario. Su objetivo es incrementar el número de empresas que lo utilizan. El año pasado tramitaron unos 70 casos, como en el 2012. La media de importe de los conflictos hasta la fecha se sitúa en unos 200.000 euros.

Hasta junio de este año, crecen el número de procesos en torno al 20%, según las primeras estimaciones, afirma De Alfonso. Destacan los conflictos relacionados con el sector financiero y los servicios en general. Además de los pleitos entre empresas y entre estas y ciudadanos también ocupan un puesto relevante los trámites arbitrales que implican a particulares, como las disputas por herencias.

El TAB puso en marcha a principios de este año un procedimiento exprés dirigido a las pymes. Con este trámite, que dura dos meses en lugar de seis, se ventilan conflictos que no superan los 30.000 euros, aunque no se descartan sumas superiores si lo acuerdan las partes.

Cuando se presentó esta fórmula, De Alfonso explicó que «las pymes necesitan entrar en la nueva fase de recuperación sin la cargas del pasado». El coste de este procedimiento exprés de justicia privada es el 30% inferior al habitual, con lo que se limitan aún más los costes de dinero y tiempo en los que incurren las empresas cuando tienen conflictos.

Entre las medidas de la institución para el nuevo procedimiento está la de incluir el proceso de designación del árbitro dentro del cómputo de tiempo.