Cinco de los seis hermanos Carulla Font, propietarios del grupo Agrolimen, que habían sido acusados de un presunto delito de fraude fiscal, han quedado fuera del caso y se han sobreseído los cargos que pesaban sobre ellos tras alcanzar un pacto de conformidad entre la Fiscalía, el abogado del Estado y la defensa que incluye el pago de 6,4 millones euros a Hacienda.
La suma comprende el principal de la sanción por las cuotas defraudadas y los correpondientes intereses. El único condenado por este caso será Lluís Carulla Font, presidente ejecutivo del grupo empresarial, por los delitos fiscales a cinco penas de cuatro meses de prisión, que tras el acuerdo con la fiscalía "se sustituirán por otras tantas penas de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros".