Los administradores concursales de la quebrada aerolínea Spanair, PwC y Gispert Abogados, han entregado un informe al Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona en el que señalan que el concurso de acreedores de la compañía es "culpable" porque se presentó con retraso la petición del conscurso y ocasionó quebrantos económicos a la sociedad. La Fiscalía de Barcelona debe ahora remitir al juez su informe al respecto, y el juez será el encargado de determinar si pide responsabilidades al consejo de administración de la firma. El agujero patrimonial que dejó la quiebra fue de 600 millones de euros.
Si así lo estima, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona deberían responder de manera directa, ya que ambas estaban presentes en el órgano de dirección de la aerolínea a través de Fira de Barcelona y Catalana d'Iniciatives.
Según fuentes conocedoras del caso, además, en el caso de que se exijan responsablidades, estas recaerían sobre el patrimonio de los administradores, que también podrían llegar a ser inhabilitados para dirigir empresas entre 2 y 15 años.
En el consejo de administración de la firma estaban Joan Gaspart (Husa Hoteles), Agustín Cordón (Fira de Barcelona) y Manel Albanell (Catalana d'Iniciatives). También estaban presentes el presidente de la aerolínea, Ferrán Soriano; el director general, Mike Szucs; Josep Mateu (Racc), Jordi Bagó (Serhs), Tatxo Benet (Mediapro) y Miquel Martí (Moventia).