El Govern ha dado el pistoletazo de salida para hacer del Institut Català de Finances (ICF) un banco público. En su reunión de este martes, el Consell Executiu ha aprobado un decreto ley que autoriza a la entidad a realizar estos pasos que se enmarcan en el clima de enfrentamientos y tensiones con el Gobierno central.
A partir de aquí, el ICF podrá constituir una sociedad anónima, segregando su rama de actividad financiera, con plena independencia de la Administración. El objetivo es que pueda actuar como entidad de crédito en el marco de Unión Bancaria Europea y fortalecerse como "instrumento de apoyo al tejido empresarial y a la economía productiva". El nuevo banco, en caso de ser autorizado, estará sujeto a la normativa propia de las entidades de crédito y al control de los órganos reguladores estatales y europeos.
La entidad podrá empezar ahora a adaptarse al nuevo contexto. Al final del proceso será precisa la autorización del Banco de España. El ICF, dirigido por Josep Ramon Sanromà, podrá adaptar su estructura de gobierno y su gestión a su nueva forma jurídica. Fundado en 1985, el ICF tiene como objetivo primordial impulsar y facilitar la financiación del tejido productivo en Catalunya, especialmente de las pymes y autónomos.