La privatización de algunos servicios del antiguo Inem por un valor de 200 millones de euros ha desatado una dura batalla empresarial. Las grandes empresas de trabajo temporal (ETT), de recolocación y formación se preparan para presentar su oferta al Ministerio de Empleo, que en octubre autorizará a 60 de las 859 agencias privadas de colocación registradas ahora en toda España a presentarse a los concursos para adjudicar la búsqueda de empleo para paquetes de parados.
Las empresas de recursos humanos analizan hasta el último detalle del pliego de condiciones publicado por el ministerio para decidir las agencias privadas que podrán operar con el Servicio Público de Empleo en los próximos cuatro años mediante un acuerdo marco. Los precios básicos que ofrece el Ejecutivo oscilan entre los 300 y los 3.000 euros por colocar a un desempleado según la dificultad de cada perfil, aunque llegará a 4.400 euros para algunos colectivos especiales y para contratos de un año como mínimo.
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