El Eurogrupo ha impuesto a España una drástica reconversión del sector bancario bajo una estricta tutela europea, tras la incapacidad mostrada por el Banco de España, el actual Gobierno de Mariano Rajoy y el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para resolver la crisis financiera a lo largo de los últimos cuatro años. El programa de rescate, con un tope de financiación europea de 100.000 millones, tendrá una duración de 18 meses. Los préstamos europeos tendrán un coste inferior al 4% y una duración máxima de 15 años, con un vencimiento medio de 12,5 años.
El Eurogrupo ha forzado al ministro de Economía, Luis de Guindos, a iniciar de inmediato el proceso de recapitalización de los bancos en apuros sin esperar a otoño, como pretendía inicialmente el Gobierno, para despejar cuanto antes las incertidumbres que pesan sobre el sector y que penalizan la deuda pública.
PRIMER TRAMO
El Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y los demás ministros de la eurozona han acordado desembolsar los primeros 30.000 millones de rescate europeo a finales de julio. Esa primera ayuda se utilizará para recapitalizar las cuatro entidades intervenidas: Bankia, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia.
El memorando, que deberá aprobarse formalmente en el próximo Eurogrupo del 20 de julio, exige en primer lugar que el Gobierno respete sus compromisos de reducir el déficit público y de adoptar las reformas económicas pedidas por la Unión Europea (UE).
En materia bancaria, el memorando exige al Gobierno una reforma de la ley de cajas para finales de noviembre que prive a las entidades del control de los bancos que ellas crearon, aunque no hayan sido rescatadas. Esa reforma debe prohibir además a los miembros de los consejos de administración de las antiguas cajas de participar en los órganos de gobierno de sus bancos.
LIQUIDAR BANCOS INVIABLES
El Gobierno también deberá liquidar de forma ordenada las entidades que no sean viables a largo plazo. Las autoridades deberán comenzar a preparar de inmediato un plan de liquidación de estas entidades, que garantice "el mantenimiento de la estabilidad financiera" y "proteja los depósitos de los clientes". Esos planes deben incluir la venta de activos y segmentos de negocio a bancos solventes a través de subastas competitivas, precisa el documento.
Todos los bancos viables que requieran ayuda pública y en especial las entidades ya intervenidas deberán presentar de inmediato un plan de reestructuración, que debe financiarse "tanto como sea posible" con los propios recursos del banco.
Esto implicará el cierre de oficinas, el despido de personal, la venta de sus participaciones en otras empresas y los activos no esenciales, el abandono de las actividades no esenciales, la prohibición de reparto de dividendos, la restricción de los sueldos de los ejecutivos y la prohibición del pago de intereses a la deuda subordinada y a las participaciones preferentes.
CASTIGO A LAS PREFERENTES
Los accionistas deberán asumir en primer lugar las pérdidas de la entidad. Los propietarios de deuda subordinada y participaciones preferentes también deberán costear el saneamiento del banco y transformar su inversión en acciones o sufrir quitas significativas.
Los bancos que reciban ayuda segregarán rápidamente sus activos tóxicos inmobiliarios a una sociedad de gestión o banco malo a su "valor real a largo plazo". Las pérdidas de esa segregación se contabilizarán de inmediato en el banco, pero quedará liberado de ese lastre de los activos tóxicos. El banco malo será financiado por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB).
MÁS CAPITAL Y SUPERVISIÓN
Todos los bancos españoles deberán tener un capital (acciones y reservas) como mínimo del 9% de sus activos desde final de este año hasta final del 2014. Ningún banco podrá reducir su porcentaje de capital sin autorización.
El ministerio de Economía deberá transferir al Banco de España antes de fin de año las competencias para sancionar y autorizar licencias bancarias. Los poderes de supervisión de la institución se reforzarán, pero el Banco de España deberá realizar una auditoría interna antes de mediados de octubre para corregir sus actuales carencias en materia de inspección y supervisión.
PROTECCIÓN DEL CLIENTE
El Gobierno debe presentar antes de finalizar febrero del 2013 una legislación para reforzar la protección de los clientes de las entidades para evitar que pueda reproducirse la venta engañosa de participaciones preferentes o otros productos.
Para finales de septiembre se presentará una nueva regulación para reforzar la transparencia de los bancos, de sus carteras crediticias, sus préstamos refinanciados y reestructurados y la concentración sectorial de riesgos.
A finales de agosto el Gobierno debe reformar asimismo el marco de liquidación de bancos para dar más poder al FROB y para poder obligar a los titulares de preferentes a contribuir al saneamiento de los bancos.