La reforma de las pensiones que ha planteado el Gobierno obligará a alrededor del 36% de los empleados a seguir trabajando más allá de los 65 años y a sufrir un recorte en la paga. Si se hubiera aplicado en el 2009, la exigencia de haber cotizado 41 años para cobrar la pensión a los 65 años, unas 100.000 personas quedarían excluidas de la "flexibilidad" que ofrece el Ejecutivo. Los expertos advierten de que entre los perjudicados predominarán las mujeres y los que ahora son jóvenes por sus dificultades para tener carreras largas.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, el 64% de los 271.661 trabajadores que se jubilaron el año pasado contaban con 35 años de cotización o incluso más. La siguiente franja en importancia es la de 31 a 34 años, con casi un 10% de los jubilados. En el caso de los asalariados, el porcentaje de los que llegan a 35 años trabajados llega al 72%.
La imposibilidad de sumar 37 años cotizados, en lugar de los 35 exigidos ahora, supondría también la imposibilidad de percibir el 100% de la base reguladora.
Los líderes sindicales han contestado al Gobierno que su oferta de flexibilidad para permitir algunas excepciones a la jubilación a los 67 años es insuficiente ahora y, especialmente, en las próximas décadas, cuando intenten acceder a la pensión las mujeres y los jóvenes.