El Gobierno de Canarias abre la puerta a la tasa turística sobre las pernoctaciones que está elaborando la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y que sería el primer municipio en España en establecer un gravamen de estas características. Según el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, los cabildos y ayuntamientos tienen "autonomía" para decidir sus propias tasas a la actividad turística. Pone como ejemplo el Cabildo de Tenerife, que ya ha anunciado que va a cobrar a partir de enero de 2025 a los visitantes por acceder a determinados espacios naturales, algo que ya sucede, por ejemplo, en algunos puntos en Lanzarote, remarca.
Por tanto, el portavoz deja claro que este es un tema que no está ni muchos menos cerrado en el pacto de Gobierno –el PP está en contra de cualquier tasa turística– y resalta que los municipios y cabildos tendrán mucho que decir. Se refiere a que hay ayuntamientos como el de las Palmas de Gran Canaria o Santiago del Teide, que han pasado la pelota al tejado del Gobierno canario y han dicho que este es una competencia autonómica.
En cualquier caso, el establecimiento de una tasa se abordará en los grupos de trabajo creados tras la Conferencia de Presidentes de Canarias, subraya. Ese será el foro para hablar de cualquier modelo "sin líneas rojas" que tenga como objetivo redistribuir la riqueza que genera el turismo.
Sin embargo, cree que los ayuntamientos pueden aprobar una tasa por los servicios públicos que prestan, en referencia a cobrar un gravamen por pernoctaciones a los turistas para invertirlo en servicios complementarios como alumbrado o aceras, es decir, infraestructuras de las que se benefician los visitantes.
Ayuntamiento de Mogán
El Ayuntamiento de Mogán lo tienen claro: el modelo por el que ha optado es considerar contribuyente a toda persona que se aloje en estos establecimientos –hoteles, apartahoteles, campings, viviendas vacacionales, etcétera–. De esta forma, el turista abonará una tasa por cada noche en el municipio, pudiendo establecerse un número máximo de noches y otro tipo de exenciones, que al igual que la propia cuota se encuentran aún en estudio, precisa.
El pago lo realizarán los turistas directamente a estos establecimientos y serán lo propietarios o titulares de los mismos los que, a través de la Oficina Virtual Tributaria ya existente, ingresen las cantidades correspondientes, previsiblemente de forma trimestral, al Consistorio, que además habilitará una función inspectora para controlar que efectivamente se está llevando el cobro de la tasa turística bajo el régimen que finalmente se establezca.
En España no existen precedentes de municipios con una tasa por prestación de servicios públicos al turista. Hasta el momento hay una regulación en Cataluña y Baleares, que establecen impuestos que gravan la pernoctación turística, pero estos han sido aprobados por sus correspondientes gobiernos autonómicos, que son los que tienen la competencia legal para crearlos y regularlos.
Las administraciones locales, en cambio, pueden crear una tasa cuyo hecho imponible consista en la prestación de servicios o la realización de actividades que se refieran, afecten o beneficien al obligado tributario, y que en este caso concreto, sería el propio turista, indica el ayuntamiento de Mogán.
Según Onalia Bueno, no cabe duda de que las administraciones locales de municipios turísticos realizan una inversión superior en infraestructuras, en su mantenimiento y en servicios, como pueden ser los de limpieza y jardines, entre otros. Así, el objetivo de la tasa turística en la que trabaja el municipio es que el sobreesfuerzo que se realiza en favor de la actividad turística no sea asumido totalmente por los residentes, y que sean los propios visitantes del destino, que llegan al millón anual, los que contribuyan a financiar estos servicios de los que se benefician durante su estancia. Otro muníficos turísticos no comparten esta visión, como San Bartolomé de Tirajana o Santiago del Teide. Creen que una tasa túrística es gravar aún más al turista cuando tienen superávit de recaudación por el IGIC, y el problema es que no pueden invertirlo por la regla de gasto estatal. Por ello, piden al Gobierno que la flexibilice.