Una empresa factura 10.000 millones de euros en un año en que realiza inversiones por 200 millones. La mitad del negocio de esa misma empresa son encargos de la administración pública –gobierno central, provincias, entidades locales...–, y toda la inversión ejecutada (capital expenditures), con benévolas condiciones para su firma y amortización, ha recibido financiación del banco (también público) de turno. Es exactamente lo que sucede con la industria china de construcción naval, como acaba de denunciar una inédita coalición de sindicatos norteamericanos, que este martes reclamaron una investigación formal a las prácticas del gigante asiático y una batería de medidas para hacerle frente. Los astilleros de China están controlados mayoritariamente por el Gobierno de Xi Jinping; también las navieras, las empresas auxiliares, consignatarias, de tecnología marítima. Los pedidos parten de Pekín –o los controlan–, y son financiados con cargo a sus múltiples instituciones de crédito. ¿El resultado? El 90% de los contratos en vigor a nivel mundial están en su territorio, bajo su dominio.