Tres exdirectivos de Bartomeu avalan el informe crítico del 'Barçagate'

Tres miembros de la junta directiva del F. C. Barcelona en la época de Josep Maria Bartomeu arroparon este martes a la Noelia Romero, la ‘compliance officer’ (responsable de prevención del delito) en su juicio por el despido que se ejecutó tras investigar el ‘Barçagate’. Estos testigos avalaron el informe que realizó la exempleada del Barça sobre las irregularidades en la contratación de un grupo de empresas para el seguimiento en las redes sociales de las noticias del club e, incluso, uno de ellos, Jordi Casalmiglia, aseguró que la decisión de cesar a la abogada fue “una represalia clarísima”. A la vez, confirmaron que fue el mismo exmandatario azulgrana quien no quiso llevarlo a la junta. El juez dilucidará si el despido de Romero fue nulo o había motivos para ejecutarlo y, por lo tanto, es procedente, aunque también resolverá si el club debe pagar una indemnización de 300.000 euros por daños morales. El abogado de Barça, Joan Berenguer, lazó toda la artillería contra la que fuera ‘compliance’ desde el minuto uno. Su objetivo era demostrar que esta jurista no cumplía con su trabajo y era desleal. Para ello, hizo servir los argumentos que Bartomeu uso para despedirla, sin que se apreciara ni un mínimo cambio en la actual era de Joan Laporta. El letrado de la entidad sostuvo en su primera intervención y en la final que a la ‘excompliance’ no se le despidió como represalia, como ella alega, sino porque “no prestaba su servicio con rigor” y "no hacía bien su trabajo", a pesar de que las conclusiones sobre el Barçagate, corroboradas después por los Mossos, son la principal base del proceso judicial abierto contra Bartomeu y otros directivos del Barça por los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Un dictamen de 75.000 euros El abogado sustentó su teoría en un dictamen de la compañía KPGM (el Barcelona pagó 75.000 euros), sobre lo que, a su entender, eran “incumplimientos” de la exempleada. Entre otras acusaciones, se atribuía a Romero no firmar actas de reuniones, cuando quedó acreditado que los documentos a los que tuvo acceso la consultora diferían de los originales (uno no contenía la rúbrica y el otro si). “Trabajaba por libre, sin compartir información” y “su mala gestión continua se puede catalogar de imprudente y temeraria”, subrayó el letrado, para añadir: “no existe una represalia, sino un chantaje para conseguir una indemnización”. Nada que ver con lo que defendió el abogado Antonio Jordía, que representa a Romero, y que recalcó que el despido fue una represalia por la investigación del Barçagate y que el club todavía seguía con su “maquinaria de desprestigio”. Recalcó que los ‘compliance’ debe tener independencia y autonomía y que a Romero se le cerró el grifo de los fondos y se le “bloqueó” los servicios de pago con los proveedores cuando empezó sus pesquisas. “El Barça no puede maltratar así a su ‘compliance’. A pesar de que empleados antiguos o actuales del club, como el exasesor jurídico Roman Gómez Ponti, y algún cargo, como David Bellver, pretendieron desacreditar la labor de Romero, en su defensa salieron en tromba los exdirectivos Enrique Tombas, Maria Teixidò y Jordi Calsamiglia, que dimitieron en abril del 2020 por discrepancias con Bartomeu en el tratamiento del 'Barçagate'. El primero admitió que Romero había comentado las reticencias por parte de algunos servicios del club de que siguiera investigando las irregularidades y que al elevar las conclusiones a la junta directiva esta decidió que no debía tratarlo. En la misma línea fue Teixidor, que avaló la “veracidad” al informe de la expleada, ante la evidencia de “que no se habían seguido los procedimientos internos de contratación" del grupo empresarial I3 Venture. Calsamiglia se sumó y subrayó que la ‘compliance’ despedida “hacía su trabajo, serio y riguroso”. El presidente del comité de empresa del Barça, Jaume Feliu, remató: “Hubo un cambio de actitud con Romero desde la investigación”.

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Uno de los exaltos cargos declara ante el juez que el despido de la 'compliance' Natalia Romero fue una "represalia" por su investigación

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