Desaparecidos: la desesperada lucha de las familias contra la incertidumbre y el olvido

"No las volverás a ver". Esas cuatro palabras fueron lo último que Tomás Gimeno le dijo a Beatriz Zimmerman antes de desaparecer el 27 de abril en Tenerife con las hijas de ambas, Olivia y Anna, de 6 y 1 año. Y esa frase también –descargada de la ominosa amenaza– es la que más temen todos los familiares y amigos de desaparecidos, que siguen buscando respuesta. Son niños, adolescentes, adultos y ancianos que se esfumaron (solo el año pasado se registraron más de 16.500 denuncias) y cuya ausencia mortifica a sus allegados. Mentes torturadas a las que los psicólogos tratan de dar consuelo y a las que, a veces, alguna prensa amarillenta contribuye a hacer enloquecer. Fernando García, el padre de una de las tres niñas asesinadas en Alcàsser en 1992, es la pesadilla de todos los que tienen un desaparecido. Primero, porque nadie quiere imaginar que un ser querido tenga un final como el de Míriam. Pero también porque pocos podrían asegurar que su salud mental resistiría la bandada de buitres que se arremolinaron a su alrededor. El factor 'Quién Sabe Dónde' El periodista Paco Lobatón entró en contacto con esta realidad en 1992, a través del programa 'Quién Sabe Dónde' de TVE-1, que condujo durante seis años. «De 1992 a 1998 las grandes audiencias del programa incluían una participación activa de los telespectadores que permitió resolver el 70 % de los casos. Así que la sensibilidad social por entonces era grande y la institucional casi inexistente», explica el comunicador. «En la actualidad –añade–, creo que se han invertido los valores: ha habido avances institucionales muy notables, aunque la mayoría de la gente solo tiene noticia de los llamados casos mediáticos, mientras permanecen desconocidos casi todos los demás». Como siempre insiste este veterano periodista, el seguimiento informativo de este fenómeno funciona a oleadas. Los primeros días, sobre todo si se trata de menores, se genera un gran despliegue. Pero cuando la gran ola ha llegado a la arena, y aunque no se haya resuelto, el caso pierde el interés, baja la marea, los micros, cámaras, libretas y bolígrafos corren hacia otro lado y la playa queda prácticamente desierta. En ella solo quedan amigos y familiares, que, a diferencia de lectores, oyentes y espectadores, no pueden pasar página porque sus dramas personales siguen inconclusos. La actitud de la madre de Anna y Olivia, que cree que «ha marcado una pauta de contención, de renuncia a un dramatismo desaforado, invocando el sentimiento de paternidad», le recuerda a Lobatón la idea de «marea de buena gente» impulsada por Patricia Ramírez, la madre de Gabriel. «Es de esperar que el foco de este caso se amplíe a los otros 340 de sustracción parental que se registran cada año en España». Maltrato institucional Los familiares saben que la atención de los medios de comunicación ayuda no solo a difundir la imagen de su desaparecido, sino también a que se destinen más efectivos policiales a la búsqueda, pero en algunos casos también puede emponzoñar la investigación, como ocurrió en el caso de Cristina Bergua, la joven de Cornellà desaparecida el 9 de marzo de 1997. Alguien filtró a la prensa que la búsqueda en el vertedero tenía un alto coste (que al final resultó ser de 50 millones de pesetas), vulnerando el secreto de actuación. Hoy nadie, afortunadamente, ha cuestionado los medios y la inversión en la búsqueda de las dos niñas de Tenerife. «Ha cambiado para bien, no todo lo que las familias quisiéramos pero mucho más de lo que nos habríamos imaginado hace 24 años cuando desapareció Cristina», sentencia Juan Bergua, padre de Cristina. Durante muchos años, los familiares habían añadido, a su angustia, el maltrato institucional. Había familias que habían tenido que denunciar hasta tres veces las desapariciones por culpa de la descoordinación entre cuerpos policiales, por no hablar de los muchos desafortunados comentarios escuchados al ir a poner la denuncia. «Desaparecen 1.500 niños al año. Qué importa uno más», recuerda con amargura Juan García que le espetó un agente de la Guardia Civil cuando le imploraba que encontraran al pequeño Juan Pedro Martínez, al que buscan desde hace 30 años. Muchos habían tenido que escuchar aquello de que había que esperar 24 o 48 horas. «No había ninguna ley que dijera que se tenía que superar ese plazo. Y ahora dicen ellos que las primeras horas son vitales. Lo son ahora y lo eran hace 24 años», lamenta Juan Bergua. Él y su mujer, Luisa Vera, canalizaron sus energías creando Inter-SOS, una asociación de familiares de desaparecidos pionera en España. La presión de esta y otras entidades similares provocó que el Gobierno terminara aceptando, tras la alarma social que generaron los casos de Mari Luz Cortés y de Marta del Castillo, algunas de las reclamaciones históricas de los familiares, como la creación de una base de datos compartida entre todos los cuerpos de seguridad del Estado o la aplicación de un protocolo de actuación. El 9 de marzo, aniversario de la desaparición de Cristina Bergua, es desde el año 2010 el día de los desaparecidos sin causa aparente. La Generalitat atendió una de las principales reivindicaciones, abriendo, en abril de 2014, la Oficina de Atención a las Familias de Personas Desaparecidas, gestionada por los Mossos d’Esquadra y pionera en España. Mesa Interdepartamental En Catalunya, en octubre de 2019 se aprobó finalmente la creación de una Mesa Interdepartamental, aunque su inicio se acabó retrasando a causa de la pandemia. «Esta primavera se ha dado un paso importante en cuanto a la dinamización de la Mesa Interdepartamental. Se han mantenido reuniones con la participación de los Departamentos de Sanidad, Educación, Asuntos Sociales, Institutos Forenses y asociaciones –cuenta la presidenta de Inter-SOS, Montserrat Torruella–. Se ha empezado a recoger las aportaciones de cada sector para elaborar una propuesta coordinada y un mapa de recursos con la mayor precisión posible, para conocer las mayores posibilidades de atención que, en muchas ocasiones, por falta de coordinación se desconocen». Torruella señala que sería clave agilizar el banco de ADN, que sigue bastante parado porque requiere horas de trabajo y personal especializado y cuya puesta al día resulta fundamental para los casos sin resolver de larga duración. «Se ha conseguido unificar los resultados de las muestras analizadas, si bien parece que todavía quedan elementos por determinar –afirma Torruella–. Se tiene la certeza de que los casos ocurridos a partir de 2010 están todos identificados y se han incorporado expedientes anteriores, a medida que llegan las peticiones realizadas por los familiares a través de los Cuerpos de Seguridad o de las asociaciones». El sistema informático conocido como Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar está tutelado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). «Si se destinara alguna dotación para estas investigaciones –añade la presidenta de Inter-SOS– sería un gran alivio para los familiares». Centro Nacional de Desaparecidos La resolución de la Comisión del Senado de 2013 permitió alumbrar el CNDES, que se creó en 2016 pero no llegó a concretarse hasta a partir del siguiente año. «Con la creación de este centro, el poder ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, integra y asume la realidad de las desapariciones en toda su complejidad: desde la sistematización y publicación de los datos hasta la formación y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –reflexiona Lobatón–. Hay además un incipiente compromiso de atención a las familias y de interacción con el movimiento asociativo. Visto con la perspectiva del tiempo, entiendo que es un cambio formidable, pero aún se requieren recursos suficientes para abordar la problemática para la que ha sido creado». El periodista tuvo un papel importante también en el nacimiento de este centro a través de la Fundación Quién Sabe Dónde global. Una entidad que ha sido un motor dinamizador en los últimos años. No solo con los foros de familia y los encuentros anuales en torno al 9 de marzo, Día de las Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente, también en la interlocución con instituciones y poderes públicos para hacer valer los derechos y demandas de las familias de desaparecidos. «Sin ese empuje –añade Lobatón– quizá no se habría creado el CNDES, ni se habrían actualizado los protocolos policiales para la búsqueda de los desaparecidos, ni estaría cerca la adopción de un Estatuto de la Persona Desaparecida». "Se han cambiado muchas conciencias de muchísimas personas. A nuestros políticos hay que exigirles más" Juan Bergua Estatuto de la Persona Desaparecida Un Estatuto –como se planteó en el Congreso de los Diputados en 2018 en una jornada organizada por la Fundación QSD Global– que debería servir no solo para mejorar los protocolos de actuación, coordinación y formación de los cuerpos de seguridad y otros colectivos que intervienen en la búsqueda, sino también para trabajar en el ámbito de la prevención y apuntalar el derecho a la intimidad, el honor y el derecho al olvido en las redes sociales de los desaparecidos. «Se han cambiado muchas conciencias de muchísimas personas. A nuestros políticos hay que exigirles más», comenta Juan Bergua, que cree que este estatuto serviría para ayudar a muchas personas que puedan llegar a encontrarse en la situación en la que él se halló a partir de aquel aciago 9 de marzo de 1997. «Yo seguiré buscando a mi hija hasta el final de mis días –asegura–, pero aunque me duele, sé que no la podré ver más. Se han cambiado muchas conciencias, pero a nuestros políticos hay que exigirles más». Más de 16.500 casos el año pasado En 2020 se registraron en España 16.528 denuncias por desaparición. El 76% eran voluntarias, el 21% involuntarias, y menos del 3% forzosas (en las que se incluyen los secuestros parentales, como el de Anna y Olivia en Tenerife). El confinamiento provocó que fuera la menor cifra desde 2011 y un 31% inferior a la media de los últimos ocho años. El 92% de las denuncias se resolvieron durante el primer año y, el 67%, en las dos primeras semanas. Catalunya es la cuarta comunidad en números absolutos tras Andalucía, Canarias y Madrid. Según datos de los Mossos, hubo 2.886 casos, casi un tercio menos que el año anterior (4.878). Pero una cosa son las denuncias y otra las personas que desaparecen, ya que en Catalunya se registró un 63% de reincidencia. Muchas denuncias responden a desapariciones voluntarias (cuando se deja una nota, desaparecen maletas o se suman más de tres desapariciones): jóvenes que se fugan del centro de menores (algunos se escapan 80 veces en un año), adolescentes que se van de casa en época de exámenes o adultos que dejan a sus familias. Los casos de menores son los que más interés mediático des-piertan. Pero pese a ser una realidad muy frecuente, apenas recordamos noticias de personas mayores, aquejadas de alzhéimer o demencia senil, que se desorientan, no saben quién son y no vuelven a su casa o geriátrico.

Desaparecidos: la desesperada lucha de las familias contra la incertidumbre y el olvido

Los familiares mantienen una dolorosa batalla para que los casos no caigan en el olvido y se destinen recursos suficientes a la investigación

En 2020 se registraron en España 16.528 denuncias por desaparición

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