¿Quién mata a los ecologistas? Los asesinatos de indigenistas y ambientalistas en América Latina y el Amazonas

El cielo sobre la tierra indígena Araribóia, situada en el estado amazónico brasileño de Marañón, era aquella noche de septiembre de 2019 tan lóbrego que parecía fundirse con la omnipresente oscuridad de la selva. El asesinato de Paulo Paulino Guajajara, considerado por los guajajara como una 'vendetta' por sus acciones de protección de la selva, no tardó en ocupar las primeras páginas de la prensa brasileña y de buena parte de los medios internacionales. Las organizaciones indigenistas y ecologistas denunciaron el enésimo homicidio de un defensor del medioambiente en la región. Desde el año 2000, 47 indígenas guajajara han sido asesinados en el estado de Marañón, 18 de ellos dentro de la Araribóia. Amenazas constantes “Paulino había recibido amenazas constantes, sobre todo cuando él y otros guardianes decomisaban los camiones de los taladores”, explica a EL PERIÓDICO Gilderlan Rodrigues, coordinador del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), uno de los grupos que da apoyo a los guajajara y que había solicitado su protección a las autoridades. “La presencia de asesinos a sueldo es muy fuerte cerca de la reserva”, denuncia. Cartel-denuncia del asesinato de Paulo Paulino Guajajara. / ARCHIVO “Los madereros habían dicho que darían 100.000 reales [unos 20.000 euros al cambio] por cada líder de los guardianes que fuera asesinado”, dice José María, que clama por Justicia. “O la Justicia resuelve el asesinato de mi hijo, o lo haré yo”. Por el momento, nadie ha sido arrestado. Los dos invasores identificados por la policía como los asesinos han sido imputados, pero alegaron que actuaron en legítima defensa y negaron vínculos con el sector de la tala ilegal. El año que viene debería celebrarse el juicio, según la fiscalía, que no tiene ninguna duda de que el crimen se produjo en el contexto de las continuadas invasiones a la reserva para extraer recursos. Los asesinatos de líderes indígenas y activistas medioambientales están aumentando en buena parte del mundo, y las principales causas son la presión por extraer recursos petroleros, mineros, y madereros de áreas protegidas. La expansión de la industria agrícola, sobre todo la soja y la producción extensiva de ganado, también son factores importantes. Desde 2014, Brasil, Colombia y Filipinas han copado las listas de países donde más activistas mueren cada año, un recuento que realiza la organización británica Global Witness. Perú, la India, y México también están en posiciones destacadas. En 2019, último año del que hay datos, fueron en total 212 las personas asesinadas —casi el doble que cinco años antes— como consecuencia de su afán por proteger la tierra y la naturaleza. Una de ellas fue Paulo Paulino Guajajara. BERTA CÁCERES. Honduras (1971-2016). Se enfrentó a madereros ilegales, dueños de plantaciones y proyectos de presas. Por su asesinato fueron condenados siete hombres contratados, según el tribunal, por ejecutivos de Desa, empresa que construía una hidroeléctrica en territorio lenca. / Carlos Castro Europa es el lugar menos letal del planeta, pero, con homicidios registrados en Rumanía, Ucrania, Irlanda y España, el continente no está totalmente libre de esta violencia. En 2017, dos agentes rurales catalanes fueron asesinados a sangre fría en un coto de caza de Aspa (Lleida) por un cazador condenado a 45 años de cárcel. En Extremadura, agentes ambientales han denunciado recientemente que llevan años sufriendo amenazas e incluso ataques contra sus vehículos por la labor que desempeñan protegiendo bosques. Amazonas: protección y destrucción En la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta y uno de los mayores sumideros terrestres de CO2, la situación de inseguridad es mucho mayor. La región, con un tamaño equivalente a Europa occidental, es estratégica para frenar el cambio climático, pero actualmente se encuentra en un cruce de caminos, en el epicentro de una batalla entre protección y destrucción. Con la llegada de Jair Bolsonaro, acaso el presidente más anti-indígena y opuesto a la preservación del medio ambiente desde la dictadura militar (1964-1985), el país ha visto los problemas crecer. La deforestación amazónica se disparó el año pasado y alcanzó su mayor nivel en más de una década. Los expertos alertan de que este año puede ser de nuevos récords de destrucción. Las reservas indígenas y los parques naturales son áreas preservadas y donde abundan los recursos como oro, madera de ley, o yacimientos de agua. Ello las hace muy codiciadas, y no por casualidad se han convertido en los lugares más letales para quienes defienden el medio ambiente. En 2019, último año en que hay datos disponibles, el número de invasiones de reservas indígenas aumentó un 135 % en comparación con el año anterior, según el Cimi. El último episodio grave se produjo a mediados de este mes de mayo, cuando buscadores de oro clandestinos penetraron en un área de otra reserva amazónica —la de los yanomamis— y dispararon con armas automáticas contra indígenas y a agentes de la policía. Dos niños de 1 y 5 años fueron hallados muertos días después. Colombia, el lugar más mortífero en 2019 Otro de los países que ha centrado las atenciones por el repunte de los asesinatos es Colombia. En 2019, el país fue el lugar más mortífero del mundo para defensores de la tierra y del medio ambiente, con 64 homicidios, es decir, un 30 % del total global. La abogada colombiana Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores, un programa no gubernamental formado por varias organizaciones que monitorea la violencia contra defensores de derechos humanos en el país, explica que estos datos se enmarcan en un cuadro de violencia que el acuerdo de paz no ha logrado atajar. GONZALO CARDONA. Colombia (1965-2021).Guardabosques, se dedicó durante 20 años a la protección de aves y plantas. Su cadáver apareció, el pasado 11 de enero, semidesnudo y con dos balas en el pecho. / Archivo “Hay una falta de implementación adecuada del acuerdo”, dice a EL PERIÓDICO, y critica que el Gobierno de Iván Duque haya incumplido cláusulas importantes del pacto firmado en 2016. Una de ellas es la adopción de medidas económicas que ayuden a comunidades rurales —acaso el sector más olvidado de Colombia y el que más padeció el histórico conflicto armado— a sustituir la producción de cultivos ilícitos (coca) por otros legales. Paramilitares contra campesinos Algunos de los activistas recientemente asesinados en Colombia son pequeños campesinos que abogaban por expandir la agricultura lícita en áreas donde el narcotráfico tiene una presencia histórica. Pero Castro alerta de que todas las muertes de ecologistas no son atribuibles al negocio de la droga. “Hay un discurso negacionista por parte del Gobierno colombiano que echa la culpa de todo al narcotráfico”, critica. Sectores legales de la economía con grandes intereses en la región, como la extracción de hidrocarburos, también son responsables de las agresiones. Algunas denuncias públicas incluso acusan a empresas de usar grupos de paramilitares vinculados al narcotráfico para expulsar por la fuerza a campesinos de sus tierras. En 2020, pese a la recesión de la economía mundial, la destrucción de selvas tropicales creció un 12 % respecto al año anterior, según datos de la organización estadounidense World Resources Institute. Para hacerse una idea de lo acuciante que este tema es para frenar el calentamiento global basta entender que las emisiones de dióxido de carbono por la quema y tala de estas selvas supusieron aproximadamente el mismo CO2 que emiten durante un año entero la suma de los parques automovilísticos de la Unión Europea y EEUU. Identidad y supervivencia Precisamente para defender sus tierras de esta destrucción grupos indígenas como los guajajara han decidido patrullar sus reservas. Para ellos, sus áreas de selva y bosque son como sus casas. Lugares donde están ancladas la cultura, la historia y las raíces del pueblo. Y no se trata solo de identidad; también es una cuestión de supervivencia. De árboles y plantas extraen frutos y medicinas; de la fauna que merodea por la selva obtienen la caza y la ingesta de proteína. Los ríos y sus frescas aguas son zonas de pesca y de recreo. Sin todo ello, su mundo colapsa, y cada vez que alguien tala un árbol o le pega fuego a la selva no solo contribuye al calentamiento global sino que también debilita los cimientos del ecosistema y de las culturas que lo habitan. Frenar la desforestación La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó hace unas semanas un informe en el que destaca la importancia de la titulación de tierras indígenas como mecanismo para frenar la deforestación. Solo en Brasil, país que posee el 60% de la selva amazónica, los indígenas controlan 237 millones de hectáreas por medio de reservas. Guardianes de la comunidad guajajara. / Heriberto Araújo “En América Latina ha habido políticas en materia indígena muy progresistas. Se han titulado millones de hectáreas”, explica a EL PERIÓDICO el experto David Kaimowitz, director del Mecanismo para Bosques y Fincas de la FAO y autor del informe. Pero el modelo, sin parangón en otras regiones selváticas como África o Indonesia, explica Kaimowitz, está en riesgo. “El apoyo público y gubernamental a los indígenas se está reduciendo, y eso los expone a nuevas amenazas”. Acuerdo para proteger a los ambientalistas La crisis climática ha reforzado la atención mundial sobre la protección de las selvas, y eso juega a favor de quienes arriesgan sus vidas para protegerlas. El pasado 22 de abril entró en vigor el llamado Acuerdo de Escazú. Firmado por 24 países de América Latina y el Caribe bajo los auspicios de la ONU, se trata del primer pacto concebido para reforzar la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en el lugar donde más amenazados están sus activistas. “Es el primer tratado de este tipo que incluye disposiciones para la protección y promoción de los defensores de derechos humanos en temas medioambientales”, dijo el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres. Está por ver, sin embargo, cuál será su impacto real, pues todavía no ha sido ratificado por los parlamentos de países clave como Brasil, Colombia o Perú.

Los asesinatos de líderes indígenas y activistas ambientalistas crecen con fuerza, sobre todo en América Latina y el Amazonas, un botín de recursos para las industrias maderera, petrolera, minera y agropecuaria

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