4 de cada 10 asesinadas son extranjeras

Olga Savenchuk fue asesinada por su pareja en Puertollano (Ciudad Real) el 12 de enero de este 2020. Le disparó cuatro veces antes de suicidarse con la misma arma. Era originaria de Ucrania. Allí había estudiado Ingeniería Eléctrica; aquí, donde no pudo convalidar el título, cuidaba a una persona mayor. Él era español. Ambos se habían conocido en el programa de citas 'En compañía', que dirige Ramón García. Unos días más tarde, la expareja de la rumana Liliana Mateescu la asesinaba en La Puebla de Almoradiel (Toledo) frente a los dos hijos. Savenchuk y Mateescu son dos de las 11 víctimas oficiales por violencia de género que no eran de origen español de un total de 31 mujeres en lo que llevamos de año. Sus casos los recoge Feminicidios.net. El año pasado, de las 55 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas 35 tenían la nacionalidad española (el 63,6 %) y 20 una extranjera (el 36,4%). Según el cálculo de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, la tasa de españolas asesinadas por millón es de 1,9 frente a la tasa de 9,3 de las migrantes, lo que muestra una clara sobrerrepresentación de extranjeras víctimas de estos crímenes. Soledad y aislamiento La situación de soledad y aislamiento es una de las explicaciones. Por eso hay asociaciones que tejen una red de apoyo y de sustento para que las migrantes puedan ver una mano a la que agarrarse cuando no hay nadie más alrededor. Nixon Mamb es una de esas personas. Nacida en Camerún, es agente del cambio en el programa Access de Médicos del Mundo. "Son personas que se encuentran en un estado de soledad brutal. No tienen familia aquí. Pueden explicarles la situación por teléfono pero no reciben un abrazo. Y si no trabajan y tienen hijos, la dependencia económica hacia su marido es total", explica. Las agentes del cambio les echan una mano, aunque a veces se produce un choque por la diferencia cultural. Mamb asegura que tienden a inculparse: "Hay que hacerles entender que nadie, por ninguna razón, debe ejercer violencia sobre otra persona". Con ellas trabajan poco a poco, detectando y, sobre todo, empatizando con su situación. Afirma que el mayor reto es estar a la altura en cada momento: saber acompañarlas en ese proceso sin forzarlas. Tendencia a autoinculparse "Cuando vienes a España, llegas con una cultura propia que es diferente a la que te encuentras. Si tu comunidad no ve como maltrato la situación, o la normaliza porque piensa que la mujer debe aguantar, ella nunca va a salir de esa violencia", explica. Por todo, considera que "una mujer migrante sufre el doble": "Además de dejar a su familia y todo lo que tenía en su país, llega y se encuentra con una vida totalmente diferente a lo que pensaba. Y a eso se le añade el maltrato". Tatiana Retamozo Quintana preside la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, donde también acompañan a mujeres en esta situación, muchas en situación irregular. "Una persona que no tiene documentación en un país pasa a vivir en ascuas permanentemente, porque puede acabar en un CIE. Tomó la decisión de venir por muchos motivos, y es lo que hace que se ponga una coraza y aguante todo lo que le venga", explica. La barrera de la lengua La lengua es una de las barreras más importantes que señalan las expertas para salir de esa situación junto a la cultural. Maribel del Pozo, profesora e investigadora de la Universidad de Vigo, indagó sobre este problema como coordinadora del proyecto SOS-VICS en el 2014. A raíz de hacer entrevistas, fueron conscientes del estado de aislamiento y de impotencia que sentían las mujeres al no poder comunicarse. "Los agresores también juegan con la idea de que ellas no conocen sus derechos. Y muchas tienen miedo porque piensan que la policía, como en sus países, no las van a proteger, sino al contrario", explica. Además, el derecho a intérprete solo está reconocido en el ámbito judicial y policial; ni en el sanitario ni en el asistencial. "Eso es terrible. Llegan a emergencias, quieren explicar lo que les pasa y no cuentan con nadie que les haga de intérprete. La situación más común es que se lleven a sus amigas –que a veces también son víctimas de violencia–, a su agresor o sus hijos. No es extraño ver a un niño acompañando a su madre al centro de salud", expresa. Intérpretes sin formación "¿Y qué pasa en el ámbito judicial y policial? Que a veces no son verdaderos intérpretes. Son personas que las empresas que ganan las licitaciones para trabajar en Justicia e Interior contratan por decir que saben la lengua, pero no han tenido ninguna formación", relata la investigadora. Y eso hace que no siempre ayuden. "Además –como señalan en el proyecto–, deberían estar formados en violencia de género. Saber qué es, qué consecuencias tiene esta violencia sobre las mujeres, o cómo afecta a su forma de hablar y expresarse, son factores que deben tenerse en cuenta. Esa formación es crucial", asegura. "Lo que nos decían muchas víctimas a las que entrevistamos –prosigue– es que es peor tener un mal intérprete que no tenerlo. Es el puente que esperaban para poder salir de ese aislamiento y situación de indefensión. Pero se encuentran con que no tienen ni idea". "Una vez, una de estas mujeres migrantes que sufrió violencia machista nos dijo que su intérprete le había aconsejado rezar a Alá para que su pareja cambiase. Son personas con buena voluntad, pero la mujer que escuchó eso ni era tan creyente ni necesitaba consejo. Lo que quería era saber qué formas tenía de proteger a sus hijos o qué herramientas le ofrecía el Estado", relata. "Consecuencias terroríficas" "Es algo que pasa sobre todo con el árabe, que es una lengua opaca para policías y jueces, o con el chino. Con el inglés y francés puedes intuir si el intérprete lo está haciendo bien o si se está extralimitando, pero en otras lenguas no tienen ni idea. Se deben fiar. Y hay situaciones terribles", asegura. Una fiscal les explicó que una vez una víctima había hablado por medio del intérprete. Este, al salir, lo primero que hizo fue llamar al proxeneta y explicarle todo lo que la mujer había contado. Le tenían pinchado el teléfono porque sospechaban de él. Del Pozo añade que estas empresas ni siquiera comprueban los antecedentes penales de quienes contratan: "La función de una empresa no es garantizar un juicio justo, es ganar dinero. Si el Estado no controla, hacen de su capa un sayo". "Estas situaciones son continuas y producen unas consecuencias terroríficas. Se están vulnerando los derechos de estas mujeres continuamente, y se están perdiendo recursos públicos, porque la formación en violencia de género dada a otros profesionales no sirve si los intérpretes no la han recibido", opina la profesora. Niños que dan la alarma Del Pozo indica que la Unión Europea exigía la creación de registros de estos profesionales en una directiva que España traspuso en el 2015. Entonces decía que el Gobierno, en el plazo de un año, haría un proyecto de ley de registro de intérpretes judiciales. Aún no existe. Manuela Torres Calzada, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, señala que, como abogada, se ha encontrado con mujeres que explicaban largo tiempo una situación concreta y que los intérpretes lo resumen en una frase o en un sí o un no. Pero todos los detalles y las vivencias cuentan. Así que es importante que trasladen el mensaje con todas las palabras exactas. "Además, con los intérpretes la inmediatez es fundamental. Y cuando van a declarar a comisaría es verdad que muchas veces no encuentran uno al momento. Muchísimas de ellas no saben castellano. He tenido casos de mujeres que tenían ácido debajo de la cama o cuchillos debajo de la almohada, que no podían ni salir de casa porque estaban desnutridas, ni acceder a alguna medicina que necesitaban", asegura. En esas ocasiones, a veces son los niños los que dan la alarma. Problemas con las denuncias Pero no es el único problema que ve. Explica que en muchas ocasiones estas mujeres –también las de origen español– son atendidas por profesionales que les instan a denunciar. "Pero para nosotras lo prioritario es que salga de la situación de violencia, que se les dé el tiempo necesario. La denuncia no es la panacea para arreglar la situación de todas los problemas", asegura. "En muchas ocasiones –añade–, cuando hay un maltrato físico importante, han ido a un servicio médico y han dicho que ha sido su pareja, se hace el parte judicial médico y se inicia el protocolo. Después las llaman del juzgado o de comisaría para iniciar una investigación. Si ella está en situación irregular, le dicen que tiene que interponer esa denuncia para obtener una situación regular". También se les habla de las ayudas de reinserción laboral, de ayudas económicas o para sus hijos. Sin protección social «Pero estadísticamente se ve que hay una gran dificultad de acceso a la protección social y a determinadas ayudas económicas. Además es un porcentaje mínimo. Informes indican que solo un 0,5 % de las mujeres migrantes que denuncian reciben ayuda económica», asegura. Además, la denuncia «no equivale a una sentencia condenatoria». «¿Qué sucede después de que le hayan dicho que denunciara, que recibiría protección, ayudas y oportunidades? Que puede que absuelvan al agresor por falta de pruebas», añade. Si es un caso de violencia física, donde ella tiene su parte de lesiones, la abogada señala que lo normal es que todo vaya bien. Pero en otros tantos casos indica que hay denuncias cruzadas, por lo que pasa a formar parte del procedimiento como denunciante y como denunciada. Así que puede acabar el procedimiento también condenada. Y si a él lo absuelven, hay probabilidades de expulsión o internamiento en un CIE. Avanzar en derechos "Con esto no quiero decir que no se deba denunciar. Pero hay que darles una información adecuada desde el primer momento, antes de interponer una denuncia, para saber los pros y los contras. Los profesionales que den esta orientación deben contar con formación especializada, intercultural e interseccional", afirma. Además, las estadísticas muestran que acceden mucho menos a órdenes de protección. "Entendemos que hay una desinformación: nadie les ha dicho que existen. Con lo que se cierran puertas a bastantes recursos", asegura. También hay un porcentaje mayor de mujeres migrantes que se niegan a declarar en el juicio como testigos de su propia causa. "Debería haber cauces de colaboración con los consulados de origen para superar estas barreras administrativas, que pueden derivarse de su situación irregular. No solo para ellas, también para sus hijos. Se debe avanzar en el acceso a la protección y a sus derechos. Si para cualquier mujer es fundamental, para ellas aún más por esa situación de vulnerabilidad", concluye.

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