La Audiencia de Barcelona condena a quince años de prisión a Manuel Enrique MR, un joven ecuatoriano de la banda latina Bloods que mató a cuchilladas a otro joven de origen latinoamericano de los Latin Kings. Varios testigos y mensajes incriminatorios de 'whatsapp' del propio acusado lo señalan como responsable de los hechos.
El tribunal fija doce años de prisión por el homicidio y tres más por pertenencia a banda criminal. La sentencia, por otra parte, absuelve a un segundo joven encausado por falta de pruebas.
Los Lating Kings y los Bloods coincidieron en la discoteca Capitolio la noche del 16 al 17 de junio de 2012. El lugar estaba frecuentado habitualmente por los Latins, pero aquella noche miembros de la banda rival también acudieron de forma "premiditada" con el objetivo de atacar a los Latins. Es lo que en el argot de las bandas latinas se llama una 'caída'.
A las tres y media de la madrugada, frente a la discoteca se inició una pelea multitudinaria, con lanzamientos de botellas de vidrio incluidos. En un momento de la pelea, Manuel Enrique M.R. habría salido corriendo detrás de la víctima. Según varios testigos iba acompañado de al menos otra persona que no ha sido identificada.
Cuando llegó hasta la víctima, ante otra discoteca de la zona, lo apuñalaron hasta siete veces. Dos de las cuchilladas fueron mortales. Según relata la sentencia, varios testigos, entre los que destacan otros jóvenes y también porteros de discoteca que presenciaron la agresión, identificaron Manuel Enrique MR como autor material de los hechos.
Además, el mismo acusado escribió algunos mensajes incriminatorios en conversaciones de 'whatsapp'. En una de estas conversaciones se jacta del crimen, mientras que en conversaciones telefónicas posteriores asegura tener miedo de que le detengan por "las cosas" que hizo en "aquella discoteca". Desde agosto de 2012 está en prisión provisional.
Zona de ocio nocturno conflictiva
El suceso llegó pocos días después de que la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Barcelona levantara el 31 de mayo una orden de cierre de la sala que había decretado el día 18 de ese mismo mes el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón , por exceso de aforo del local.
La magistrada revocaba esa medida alegando que "en situaciones de crisis económica coyuntural por las que está pasando este país, no puede permitirse que por una resolución de la alcaldía deje aquellas personas en la calle sin posibilidad de acceso a un puesto de trabajo ". La patronal del ocio nocturno Fecasarm, aseguró que los trabajadores afectados eran 25.
Sin embargo, el consistorio recurrió la suspensión de la clausura y ahora, tres años después, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le ha dado la razón. El pasado mes de abril, precisamente mientras se celebraba el juicio por la muerte del joven, el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat precintó el local por un período de tres meses.