El Gobierno tiene previsto retomar en las próximas semanas el proyecto de ley de prevención del desperdicio alimentario para poder tramitarlo lo antes posible, después de que el texto quedara aparcado por el adelanto de las elecciones generales el pasado verano. La propuesta legislativa, que contempla sanciones de hasta medio millón de euros en los casos de infracción más grave, incluye dos obligaciones: que todas las empresas implicadas en la cadena alimentaria dispongan de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio y que las que estén en contacto directo con los consumidores establezcan convenios con entidades sin ánimo de lucro para la donación de los excedentes.