La Oficina de Drets Civils i Polítics nació el pasado junio y se puso en marcha en octubre con un objetivo: defender los ciudadanos ante el auge del autoritarismo. En este sentido, la oficina da respuesta a la vulneración de Derechos Civiles y Políticos, vengan de donde vengan, a la degradación de la calidad democrática y al incremento de las actitudes y los planteamientos autoritarios que se están llevando a cabo en el mundo, concretamente en Europa, y de manera singular, en el Estado español y Cataluña.
El organismo, por tanto, defiende y promueve los Derechos Civiles y Políticos y cuida de que éstos se ejerzan de forma efectiva; unos derechos que se recogen en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la ONU en el año 1966 y firmado por el Reino de España en 1977. Se trata concretamente de seis derechos: derecho de reunión, de asociación, de manifestación, libertad de expresión, derecho a un juicio justo y derecho a la participación política.
Dentro de este contexto, la oficina dispone de cinco grandes líneas de trabajo: asesorar la Generalitat en materia de Derechos Civiles y Políticos, divulgar y reflexionar sobre estos derechos, atender las quejas de los ciudadanos y las ciudadanas mediante su formulario web, estar en contacto con las entidades e instituciones que trabajan en la difusión de los Derechos Civiles y Políticos y elaborar memorias e informes que hagan llegar a las instituciones y a la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional.
En estos momentos, la oficina, en colaboración con la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, trabaja en una campaña para atender las quejas de los catalanes y las catalanas residentes en el exterior que tengan dificultades para ejercer su derecho al sufragio activo y pasivo en el ciclo electoral de los meses de abril y mayo.
Catalanes que no podrán votar y atentados contra la libertad de expresión
Después de cinco meses en funcionamiento, el ente ha dado a conocer sus primeras conclusiones, en las cuales se identifican casos concretos de vulneración de Derechos Civiles y Políticos en Cataluña.
Son los siguientes: limitación o imposibilidad de acceder al sufragio universal de las personas con pasado migratorio (1 de cada 8 ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no podrá votar las próximas elecciones porque no tiene nacionalidad española), restricciones injustificadas del derecho a la protesta a causa de la Ley Mordaza, visión restrictiva del derecho a la libertad de expresión por parte de la judicatura (algunos ejemplos son cantantes, tuiteros y humoristas), proliferación de grupos de ultraderecha que, de forma organizada, atentan contra la libertad ideológica y de expresión y atacan locales sociales, instituciones y domicilios particulares y, finalmente, represión contra la disidencia política, que se ha visto agravada desde el otoño del 2017.
Ante el aumento de los ataques, daños y robos con motivación política que se producen en sedes de partidos políticos, domicilios particulares, locales de entidades y edificios públicos, la Oficina de Drets Civils y Polítics ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos con representación en el Parlament de Cataluña para firmar y hacer pública de forma conjunta una declaración en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la protesta, y de rechazo a las actuaciones que conlleven destrozos, amenazas y sustracciones contra personas, entidades, partidos e instituciones.