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EL ADN DE LA SEMANA

El ADN pirata

Hay quien reclama el control de unos datos que hasta ahora estaban al alcance de cualquiera

Una libélula asiática. / EFE / M A PUSHPA KUMARA

Hace tiempo que se discute quién tiene el derecho a los recursos biológicos que existen en el mundo. Desde siempre hemos transportado animales y plantas de una parte a la otra del planeta hasta el punto que poco de lo que cultivamos proviene de nuestro entorno. La investigación sobre nuevas especies para buscar productos nuevos continúa y hay países ricos en diversidad biológica que quieren evitar lo que denominan biopiratería.

El año 1992 se aprobó en Río una Convención por la Diversidad Biológica que han firmado todos los países europeos. Los Estados Unidos la firmaron en 2004 pero no la han ratificado. Un protocolo adicional firmado en Nagoya en 2010 prevé un sistema que tendría que permitir que los países originarios de recursos biológicos se aprovechen de sus aplicaciones. Ahora quieren proteger su ADN.

El Protocolo de Nagoya que ha sido firmado por la mitad de los países del mundo, prevé vigilar el uso de los recursos genéticos y un sistema para compensar a los países de origen. No ha tenido grandes efectos económicos pero ha complicado el uso de recursos que antes se consideraban patrimonio de la humanidad. Actualmente no hay que traer de un lugar al otro del mundo un animal o una planta, sino que a menudo en su ADN ya hay bastante información para sacarles nuevo provecho y hay quién reclama el control sobre unos datos que hasta ahora estaban al alcance de cualquiera. Incluso se plantea la cuestión de quién tiene la propiedad de los genes de los organismos que viven a los océanos lejos de las costas y sobre los que parece que ya hay miles de patentes.

Sobre el tema hay actualmente posiciones contradictorias. Hay aquellos que creen que todo el mundo tiene derecho a conocer y utilizar los recursos que hay en la naturaleza y aquellos que quieren, bien proteger su trabajo con patentes, o bien proteger los recursos de un territorio. Desde la comunidad científica se ha llamado la atención de que estas medidas de protección pueden acabar sirviendo solo para poner barreras al conocimiento y al uso de datos que pueden ser útiles a todos.

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