Apartur pide que los 100 millones de tasa turística que recauda Barcelona sean para pisos sociales

A grandes males, grandes remedios, proclama la patronal de pisos turísticos Apartur, en plena contraofensiva para tratar de evitar que el ayuntamiento de Jaume Collboni erradique los 10.000 pisos turísticos con licencia de Barcelona en 2028. La entidad ha reivindicado este jueves que los cien millones de euros que el equipo de gobierno estima que recaudará anualmente la ciudad tras un nuevo incremento de la tasa turística que pagan los viajeros se destine a ayudas para pisos sociales, y no a las dispares inversiones en las que ahora recae esa recaudación.

Apartur ha presentado este jueves sus previsiones para el verano y cuestionado todos los argumentos que el alcalde esgrime para acabar con la oferta de pisos turísticos. Lo ha hecho con datos y con vaticinios sobre lo que, a su juicio, sucedería si la capital catalana se queda sin estos apartamentos y los hoteles se convierten en la única opción.

La nueva directora de la patronal, Marian Muro, ha precisado que las camas que ofrecen los pisos turísticos en Barcelona son 60.614, frente a las 77.444 de los hoteles. Es decir, un 40% de la oferta de alojamiento local. El sector cree que si se extinguiesen sus licencias la ciudad no podría absorber no solamente el turismo vacional en momentos álgidos, sino tampoco de congresos y ferias, que en diversas fechas copa todas las plazas de la urbe e incluso de municipos cercanos. Ha subrayado que la oferta de estos apartamentos en la ciudad se concentra en zonas céntricas y suelen ser pisos reformados, además de amueblados y equipados, que por sus características y cotización en ningún caso se destinarían a alquiler social, de modo que no paliarían ese déficit.

Es más, la directora de la patronal está segura de que los tribunales "tumbarán" los planes de Collboni y el decreto ley previo del Govern, en tanto que eliminar las licencias podría suponer vulnerar la directiva Bolkenstein sobre la libre circulación de servicios. Esta solo permite como "excepciones" los casos de "interés general", a los que se ha acogido el ayuntamiento al justificarse con la emergencia habitacional. Pero Muro matiza que en este caso "no se cumplirían" tres requisitos legales, al ser una medida "discriminatoria" --elimina licencias de pisos turísticos pero no de hoteles, por ejemplo--, "desproporcionada" y "que no garantiza los resultados", dado que lo más posible es que esos 10.000 pisos se destinasen a la venta, el alquiler temporal o simplemente salieran del mercado. Por contra, las familias que quieran visitar Barcelona no tendrán más opción que ir a hoteles, que además se "habrán encarecido a falta de competencia", como ha sucedido en Nueva York.

Han recordado que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite su recurso. Es más, en la actualidad están calculando cuál podría ser la compensación patrimonial a exigir si se expropia este "derecho" a la actividad de quienes tienen licencia. Aunque obtenerla costó apenas 200 euros, en algunos casos se han revendido a precios muy altos. Se estima que un piso con permiso turístico se podía vender entre 50.000 y 200.000 euros más caro que uno que no la tenga. Aunque en estos momentos el mercado se ha paralizado y la licencia de momento no tiene valor, ante la perspectiva de que se erradiquen.

Para Enrique Alcántara, presidente del colectivo que aglutina a unas 400 empresas de gestores y propietarios de pisos turísticos (cada una explota una media de 20 viviendas), la expropiación "no es la solución" al problema de la falta de construcción de vivienda de los últimos años, ni a la subida de los alquileres. Insiste en que los 10.000 pisos suponen solo un 0,77% de las viviendas de la ciudad, y subraya que más de 26.000 pisos (con uso residencial) se están utilizando para despachos médicos y actividades profesionales. Sugiere liberar estos y trasladar su actividad a oficinas calificadas como tal, entre otras medidas.

Ayudar a 16.600 familias

Como plan de choque "si hay situación de emergencia" proponen destinar todo el recargo municipal de la tasa turística a pisos sociales. Hace tiempo que Alcántara puso sobre la mesa hacerlo con los 20 millones que recauda el consistorio de los pisos turísticos. Ahora amplían la idea al total de la tasa que percibirá Barcelona por todo alojamiento, una vez se ejecute el incremento aprobado inicialmente ayer en comisión de gobierno. "Serán 100 millones de euros que podrían ayudar a 16.600 familias", a razón de 500 euros de ayuda al mes, propone.

Aunque una parte de la tasa nació con fines promocionales del propio sector, el tramo que corresponde al incremento específico que aplica Barcelona se utiliza a criterio del ayuntamiento. Inicialmente se abogó por compensar a los vecindarios de las externalidades del turismo. En la práctica se está utilizando para fines que deberían formar parte de otros paquetes de inversiones, opina el presidente de Apartur, como poner aire acondicionado en colegios, ha mencionado.

La misma fuente ha afirmado que el sector estaría dispuesto a aceptar nuevos impuestos, pero siempre y cuando se apliquen a cualquier licencia de actividad económica, y no solo a los pisos turísticos. En opinión de Alcántara, el anuncio de Collboni es una jugada política, porque la erradicación podría producirse (según el decreto) en 10 años y no en 5, cuando ya habrá habido un relevo en la alcaldía.

La patronal rechaza la propuesta del presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, quien la semana pasada defendió la continuidad de los pisos turísticos agrupados en un mismo bloque y que operan grupos hoteleros. Los asociados de la patronal suman 735 licencias de pisos de uso turístico, que representan 3.653 plazas. Para Muro, no tendría sentido permitir solo esa oferta si lo que se persigue es liberar viviendas. Y sería discriminatorio.

35.000 euros de facturación al año

De hecho, la directora de la patronal ha señalado que los objetivos del consistorio son tanto ganar pisos residenciales como combatir el exceso de turismo. Y ha criticado que al poner a los apartamentos turísticos en ambos contextos está convirtiéndolos en "problemas" a ojo de la ciudadanía, fomentando los brotes de turismofobia vinculados.

El colectivo pide a Collboni que centre su esfuerzo en combatir los 300 o 400 pisos ilegales que siguen operando en la ciudad, y la mafias que alquilan pisos y luego los destinan al turismo sin licencia. Y sobre todo, "diálogo" para buscar soluciones conjuntas.

El volumen de licencias es asumible para la ciudad, insiste Alcántara, que cree que Barcelona fue pionera en regular y ha logrado un equilibrio y control de esta oferta. Estima que cada piso factura unos 35.000 euros anuales, a los que hay que descontar gastos de gestión e impuestos. Aunque los ingresos son muy dispares en función de la zona y del número de habitaciones.