La pobreza hizo encallar el cambio que, obligadas por el compromiso que adquirieron, las instituciones catalanas le deben a La Mina desde hace más de dos décadas. Unos costes que pocos pudieron afrontar en la zona más castigada del barrio situado a las puertas de Barcelona fueron la trampa que atrapó a la mayoría de los vecinos del deteriorado bloque de la calle Venus, condenado a derribo desde 2002. Las administraciones previeron una gran desalojo en 2010, pero gran parte de los habitantes no pudo asumir la diferencia de valor entre la vivienda a abandonar y un piso recién construido. El coste iba de 34.000 a más de 40.000 euros. El importe se reveló demasiado elevado para uno de los rincones que declaran menos ingresos en el área metropolitana, donde la renta media fue de 6.817,24 euros por persona en 2021. 

“Ahora se les pediría de 85.000 a 90.000 euros. Hizo que el realojo fracasara entonces. Lo evitaremos”, se comprometió el secretario general de Derechos Sociales de la Generalitat, Oriol Amorós, en declaraciones a EL PERIÓDICO el diciembre pasado. Sin embargo, esas cantidades que son el doble de altas o incluso más que las exigidas hace 14 años son las que se pretenden imponer ahora a los propietarios de domicilios de Venus que no retiren las demandas que han interpuesto contra el Consorcio de La Mina, encargado de desatascar la operación y participado por el Govern, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besòs y la Diputación.  

En los últimos años, decenas de residentes han emprendido acciones legales para ser indemnizados por la degradación que han tenido que soportar mientras se demoraba el plan que debe culminar con la demolición del edificio, que sintetiza los problemas de miseria, infravivienda y tráfico de drogas que parte de La Mina acusa. A tenor de los datos de la Generalitat, 38 hogares de Venus han acudido al juzgado, mientras otros 50 siguen los mismos pasos desde el año pasado, cuando registraron la solicitud ante el consorcio del barrio antes de elevarla a los tribunales. 

10.000 euros por hogar

Los demandantes instan a que se les desagravie con 10.000 euros por cada año de retraso en la expropiación. Contando 13 años de espera entre el proyecto fallido y el aprobado tras ser rehecho, cada reclamante pide ser indemnizado con 130.000 euros, lo que aproxima la suma total a unos 12 millones de euros. El Govern admite que la demora ha causado un “daño moral”, pero no reconoce más derecho que un pago de 5.000 euros para resarcir a todo afectado que haya tramitado una reclamación. Se basa en un cálculo de la comisión jurídica asesora, que resalta que los vecinos son “responsables del mantenimiento y conservación” de la finca.    

Semanas atrás, la Generalitat reiteró que, para evitar que la mudanza embarranque otra vez, aplicará el decreto Haus. Los afectados lo reivindicaron hace más de una década y consiste en canjear un piso por otro con los mismos metros cuadrados, sin abonar nada por la disparidad de precio entre un domicilio de Venus -levantado hace medio siglo por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona para reubicar a barraquistas y solicitantes de vivienda pública- y otro de sustitución. 

La Generalitat ha adquirido 32 viviendas para que los traslados comiencen este verano. Además, planifica una promoción con 66 hogares en el barrio, aún por erigir. De todos modos, miembros del Consorcio advirtieron a los vecinos en una reunión reciente de que el intercambio no saldrá gratis si continúan pleiteando por las condiciones indignas que los abruman en Venus.  

“Suena a coacción”

“Recalcaron mucho que los que no quiten la demanda y tengan derecho a realojo tendrán que pagar 40.000 euros si se realojan en un piso de segunda mano y 90.000 si la vivienda es nueva”, cuenta Paqui Jiménez, portavoz de los vecinos de Venus y una de las afectadas que ha acudido a la Justicia. Protesta por que nunca antes la administración avisara del requisito. 

“Como no sabemos qué nos darán con la demanda, no podemos afrontar esas cantidades. Suena a coacción, a chantaje”, afea Jiménez. Además, avisa del riesgo de alargar aún más la agonía del inmueble, que las instituciones implicadas confían que esté vacío y listo para ser echado abajo en 2028. 

Por su parte, el Departament de Drets Socials defiende que “se ha hecho el máximo legalmente posible en favor de los vecinos”. Subraya que prima que todos dispongan de "derecho a realojo, a indemnización o al realojo social para familias vulnerables” que no acrediten la titularidad de un domicilio.

Acuerdos mutuos

La conselleria alega que el Consorcio de La Mina propondrá acuerdos que van “más allá de lo que legalmente está obligado” a brindar. Destaca que ofrecerá asumir una pequeña parte de la titularidad de los nuevos pisos para ahorrar un desembolso de 10.000 a 16.000 euros en impuestos a familias que padecen escasez, y aportará 1.500 euros por los gastos de traslado y 6.846 u 8.529 euros para reparar a los inquilinos por la pérdida del domicilio. “No obstante, el mutuo acuerdo implica que los vecinos han de retirar o no presentar litigio”, confirma el departament.

Los dueños de una vivienda en el bloque pueden optar por una indemnización si desechan el realojo. Obtendrán 97.450 euros por una vivienda de tres habitaciones y 121.514 euros por una de cuatro. En todo caso, Drets Socials señala que la compensación por la expropiación exige también apearse de la demanda. Aparte, aún queda responder a las alegaciones y resolver eventuales recursos. “Será entonces cuando podrán recibir la indemnización sin tener que renunciar a reclamar”, apunta la conselleria.

“Es una forma de dejarnos los últimos en el edificio y ver si nos cansamos”, interpreta Jiménez. “No sé qué entienden por mutuo acuerdo -prosigue-. Para mí, sería buscar un entendimiento, pero aquí es lo tomas o lo dejas”. Hay vecinos que ya se plantean descolgarse del pleito. “Algunos son mayores y preguntan qué hacer. Tienen ganas de irse”, comprende Jiménez.