El pronóstico pesimista de que el sistema de limitación de precios del alquiler de vivienda establecido por el Gobierno e implantado solo en Catalunya –hasta el momento—reduciría la oferta ya es un hecho, pero también ha bastado un mes para evidenciar sus deficiencias. El macro escaparate que dibujan los portales inmobiliarios exhibe cómo los precios siguen al alza, mientras aflora la picaresca para sortear la normativa con minipisos exentos de regulación, con los que no tienen cédula de habitabilidad y con el aluvión de contratos temporales. Pero también hay cientos de casos que simplemente no lo aplican a sabiendas de que la Generalitat en estos momentos no cuenta con un régimen de inspección y sancionador de oficio. El aspirante a inquilino que busque en el mercado libre encontrará solo un 7% de pisos por debajo de 1.200 euros, y un 19% a menos de 1.500. Es decir, una situación peor que a principios de año. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona subraya que durante el pasado triemestre ha registrado menos fianzas que en ningún otro de su historia.