Barcelona digiere los efectos de la sentencia contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al mismo tiempo que Catalunya se prepara para expandirlas a partir de 2026, con restricciones hasta ahora inéditas a los vehículos con etiqueta amarilla. El Tribunal Supremo ratificó en noviembre pasado el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que deroga la primera ordenanza que reguló en 2020 el veto a los modelos sin pegatina 0 Emisiones, Eco, C o B en la capital. La norma ya fue sustituida por otra en febrero de 2023, por lo que el fallo no disipa las limitaciones a la circulación. No obstante, sí tiene repercusiones económicas. A causa del varapalo judicial, el Ayuntamiento ultima una resolución por la que anulará unas 140.000 multas que nunca ha llegado a percibir de conductores acusados de violar el área protegida.