El servicio de emergencias sociales de Barcelona, a juicio y sobrecargado desde la pandemia

En los últimos tres años, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) ha aumentado al 90% el número de actuaciones realizadas. Se trata de un servicio municipal subcontratado y pionero en Europa que asiste a las personas que, de una manera urgente y por motivo de una emergencia, requieren una atención social básica: psicólogos ante suicidios, alojamiento para mujeres víctimas de violencia, personas mayores que no pueden alimentarse solas... El ayuntamiento reconoce que el servicio lleva meses en tensión por un aumento de las necesidades sociales. Los trabajadores, que dicen estar hastiados por sus condiciones, han iniciado una ofensiva judicial para forzar la municipalización del servicio. Este miércoles empieza el juicio. En 2022, el CUESB realizó 42.604 atenciones sociales dirigidas a 60.432 personas. El cómputo incluye más de 200 desalojos, 500 caídas y casi 25.000 pernoctas en estas instalaciones municipales. Fueron personas a quienes les tocó abandonar su casa por incendios o riesgo de derrumbe, mujeres que huían de su pareja o amigos, o enfermos que si no eran debidamente atendidos se quedaban en la calle. Los datos muestran un crecimiento exponencial después de la pandemia del coronavirus. Desde 2013 hasta 2020, la media anual fluctuaba entre las 25.000 y 28.000 atenciones anuales. Más presión pospandémica Fue a partir de la pandemia cuando la necesidad social se llegó a duplicar. En 2019 fueron 22.340 las atenciones realizadas, un 90% menos respecto los últimos datos disponibles de 2022. "Estamos trabajando con una elevadísima carga de trabajo, cada vez hay más necesidad y presión. Especialmente con las personas mayores, hay más vulnerabilidad y desatención familiar", explican fuentes de este servicio. La "saturación" producida por la falta de pensiones disponibles en Barcelona y la guerra de Ucrania hicieron que el número de personas atendidas pasara de 14.989 personas en 2021 hasta las 60.000 de 2022, según dice una nota interna del CUESB a la que ha tenido acceso este diario. El consistorio confirma la presión asistencial. "En los últimos años la situación estructural de la pérdida de vivienda ha tenido un impacto de forma más directa. Aunque se han vivido situaciones tensionadas, el servicio no ha quedado saturado en ningún momento", explican fuentes municipales. Este año han contratado 10 trabajadores más y han aumentado en dos millones de euros extra el gasto de este servicio, que ha renovado la subcontrata en abril de 2024. Los siete millones de euros anuales que el Ayuntamiento de Barcelona destina a mantener el CUESB los factura la empresa PROGESS, que este febrero volvió a ganar el concurso público para prestar el servicio. "Es inconcebible que, a diferencia del resto de cuerpos de emergencias con los que trabajamos, como la Guardia Urbana o los Bombers, nosotros no seamos trabajadores públicos", lamentan los empleados, que llevan años reclamando mejoras salariales. Denuncian que el 30% de la plantilla está de baja por ansiedad o problemas de salud mental. Lo atribuyen a la carga de trabajo y resaltan la alta rotación de la plantilla. "La mayoría de la gente no aguanta más de cinco años: las condiciones laborales no coinciden con la exigencia del servicio", lamentan. Ofensiva judicial y también política Este año, un grupo de trabajadores se ha organizado en una plataforma para presionar al consistorio por dos vías paralelas. La primera es la judicial. Unos 50 empleados, la mitad de la plantilla, ha llevado al consistorio a los tribunales. Lo acusan de un delito de cesión ilegal de trabajadores porque consideran que el servicio que prestan es público y de primera necesidad. Hay otras causas abiertas por el mismo motivo. El juzgado número 17 del contencioso administrativo de Barcelona acoge la primera vista del caso, que podría causar un efecto dominó en el resto de externalizaciones judicializadas. La segunda vía que han tomado los trabajadores del CUESB es la presión política. La plataforma ha iniciado una ronda de consultas con los partidos representados en el pleno municipal. De momento ya se han reunido con Junts y ERC, y plantean hacerlo también con los Comuns y el PSC. El objetivo es convencer a los políticos que merecen ser funcionarios municipales de pleno derecho. "Todas las cosas graves que ocurren en Barcelona pasan o terminan en el CUESB: somos un servicio esencial y como tal deben tratarnos", reclaman.

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