Barcelona identifica 85 ocupaciones "delictivas" en inmuebles públicos y privados

El Ayuntamiento de Barcelona tiene identificadas 85 ocupaciones ilegales de inmuebles que cataloga como “delictivas”. Los datos están extraídos de los archivos de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, actualizados hasta el pasado enero. El cómputo se desglosa en 79 casos de usurpaciones de propiedades privadas y otras seis de fincas públicas, en las que consta algún tipo de posible ilícito o infracción añadida a la sustracción del bien y que ha requerido que la Guardia Urbana actuara. Las cifras figuran en un informe al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso y que firma la tenencia de alcaldía de seguridad, que ostenta Albert Batlle. La Guardia Urbana lo redactó a modo de respuesta a una pregunta que el grupo municipal del Partido Popular formuló en la comisión municipal de presidencia. El documento cuantifica también cuántas ocupaciones “reivindicativas” perviven en la capital. Es decir, las únicas que se ajustan con precisión al calificativo ‘okupa’. A tenor del informe elaborado a raíz de la consulta del PP, el movimiento ‘squatter’ o colectivos afines a sus postulados conservarían 117 bastiones en la ciudad, segregados en 101 de titularidad privada y 16, pública. Equivalen a 1,6 okupaciones por barrio. El recuento cifra 202 ocupaciones vigentes en Barcelona hasta enero, al aglutinar las de raíz ideológica con las que pudieron incurrir en algún quebranto, al margen del que supone apoderarse de un habitáculo. Del total, 180 propiedades son privadas y 22 son públicas. La suma no incluye las “ocupaciones catalogadas como infravivienda o de carácter social”. Excluidas ex profeso, corresponden con los supuestos en que subyace la necesidad, sea de personas sin hogar o de una familia desamparada tras un desahucio, que han forzado la entrada con “la finalidad de residir”, aclara el dictamen. De acuerdo a los registros de la Guardia Urbana, el inventario estima que “las ocupaciones sociales son las más comunes en todos los distritos”. Representan un 65% del conjunto, “seguidas de las delincuenciales (20%) y las ideológicas (15%)”, completa. Dicho de otro modo, el consistorio tilda de “delictivas” o “delicuenciales" a dos de cada 10 ocupaciones en la urbe. Supuestos amplios En todo caso, ¿qué entiende el informe por ‘ocupación delictiva’? Los supuestos son amplios, por lo que la etiqueta se antoja algo equívoca. Abarca desde flagrantes vulneraciones del Código Penal a presuntas faltas puntuales de las ordenanzas municipales. La misma denominación mezcla los ‘narcopisos’ con los percances a los que los agentes hayan acudido, sea una pelea, una fiesta bulliciosa o ruidos a deshoras. El nexo común es que los 85 casos mencionados han comportado un aviso a la policía, alguna clase de diligencia y la constatación de que el suceso ha ocurrido en una vivienda, un local u otro espacio hurtado a su poseedor. La única condición para distinguir las usurpaciones potencialmente problemáticas del resto es que hayan conllevado la intervención de la Guardia Urbana por cualquier motivo, aunque se trate de un conflicto de convivencia esporádico. En la campaña electoral de las municipales de 2023, el entonces candidato Jaume Collboni prometió crear una oficina de prevención de ocupaciones delictivas, encargada de reclamar la expulsión ante la Justicia si la propiedad no denuncia. Por ahora, el servicio no ha sido constituido. No obstante, el gobierno del PSC aprobó un protocolo el octubre pasado para procurar que eventuales nuevas tomas de oficinas u espacios municipales no se prolonguen. Los Mossos contabilizaron 1.262 presuntos delitos de ocupación de inmuebles en Barcelona durante 2023, un 20% menos que en 2019. El año pasado se resolvieron 1.091 casos y se detuvo a siete personas. Sirera pide actuar Por su parte, el PP urge al gobierno local a recuperar las instalaciones públicas que permanecen en manos ajenas. “Pedimos al Ayuntamiento que cualquier persona que ocupe un edificio municipal, por la razón que sea, sea desalojada de forma inmediata”, insta el presidente del grupo municipal popular, Daniel Sirera. Los conservadores presentarán esta semana una solicitud al alcalde para que emprenda los trámites para recuperar las posesiones. La petición incluye Can Vies, emblema okupa cuyo intento de desahucio en 2014 suscitó una ola de disturbios. “Se tolera y no acabo de entender por qué. No puede ser que el Ayuntamiento no actúe para desocupar a esa gente”, reprocha Sirera. De no obtener respuesta de Collboni en tres meses, el PP prevé insistir con un recurso. En última instancia, interpondrá un contencioso en el juzgado.

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La Guardia Urbana contabiliza un total de 202 usurpaciones vigentes de carácter delincuencial o reivindicativo, sin incluir los supuestos en que se ha forzado una vivienda para habitarla

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