El expresidente del RACC, Sebastià Salvadó, era un hombre peculiar. Escuchaba con atención, y al rato, tras madurar su opinión, hablaba. En 2010, en un debate sobre si las motos debían usar el carril bus, tomó la palabra ante el alcalde Jordi Hereu. Sus responsables de prensa tragaron saliva: "No hace falta hacer nada, la situación actual de permisividad es el mejor contexto posible". Corta y al pie. Dejar hacer y esperar que las cosas se vayan asentando es precisamente lo que reclama el Ayuntamiento de Barcelona respecto a la zona de bajas emisiones (ZBE), en vigor desde 2020. El decreto que el Govern tiene entre manos, que regulará los paraguas ambientales de toda Catalunya, dibuja unas restricciones que la capital también tendrá que aplicar. Pero el consistorio pide que se tengan en cuenta las "realidades territoriales", y en sus alegaciones ha mostrado su desacuerdo sobre el calendario de implantación. También hace valer la experiencia (ese dejar hacer), que dice que desde 2017, cuando se empezó a advertir de lo que venía, los vehículos más contaminantes, sin distintivo ambiental o etiqueta B, han pasado de representar el 61% a ser solo el 19,3% del parque circulante (no confundir con los matriculados y fichados por la DGT). Una reducción del 70%.