El AMB reprocha por carta al Govern que su decreto de Zonas de Bajas Emisiones supone un "riesgo" ante futuros contenciosos judiciales

Los ayuntamientos de la región metropolitana de Barcelona no son las únicas administraciones públicas que se muestran críticas contra el proyecto de decreto catalán de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que el Departament d'Acció Climàtica del Govern de la Generalitat de Catalunya prevé aprobar próximamente. También ha hecho lo propio el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como administración supramunicipal que coordina la gestión y encaje de las ZBE en el aréa de los 36 municipios del entorno de Barcelona, la capital catalana incluida. Se da la singular casuística de que ERC tiene protagonismo tanto en el cuatripartito (PSC, Junts, 'Comuns' y ERC) que gobierna en el AMB como en el Govern de la Generalitat. En una carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que va dirigida a la directora de Qualitat Ambiental y Canvi Climàtica de la Generalitat, Mireia Boya, el AMB reprocha al ejecutivo catalán haber proyectado una normativa (el decreto del 'Pla de Qualitat de l'Aire, horitzó 2027') que "supone una auténtica regresión en términos de reducción de emisiones", así como "un auténtico riesgo en futuros contenciosos judiciales en términos de regresión del alcance de las restricciones", subraya el tenor literal de la misiva con fecha del pasado 25 de enero y firmada por los vicepresidentes de Acció Climàtica y Mobilitat del AMB, Janet Sanz ('Comuns') y Carlos Cordón (PSC) respectivamente, y por los consejeros delegados Elisabet Latorre y Guillermo López. Pese a que en sus alegaciones técnicas el AMB "valora satisfactoriamente el proyecto de decreto" catalán, los responsables metropolitanos estiman en su carta que el texto actual de la normativa debilita la gobernanza metropolitana de las ZBE a cargo del AMB porque, entienden, 'trocea' la continuidad urbana de la gran ZBE metropolitana, de la que diferencian la que queda comprendida entre las 'rondes' y la que queda fuera. Interpretan así que la "segmentación" territorial de la ZBE metropolitana por ciudades, cada una con sus obligaciones, genera ruido y caos competencial que desde el AMB consideran que "supondrá un retroceso en la capacidad de establecer restricciones de verdadero alcance metropolitano", equiparando así la "unidad funcional metropolitana" del entorno de Barcelona a las de otras capitales europeas como Madrid, Milán, París, Ámsterdam, Bruselas o Londres. El AMB desliza incluso que el proyecto de regulación catalana sobre la contaminación del aire en las ciudades pueda representar un caldo de cultivo para futuras impugnaciones ante la Justicia, en alusión directa a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, posteriormente refrendada por el Tribunal Supremo, que anuló la ZBE de Barcelona. "No sólo no proporciona la seguridad jurídica necesaria al AMB y a sus ciudades, sino que supone un auténtico riesgo en futuros contenciosos judiciales en términos de regresión del alcance de las restricciones", rubrica la misiva metropolitana, a través de la cual el AMB asegura haber actualizado "el modelo de ordenanza municipal metropolitana para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia". Consultadas sobre la misiva metropolitana, fuentes del Departament d'Acció Climática aseguran no tener todavía tener constancia de su contenido pero agregan que lo analizarán y darán respuesta. Las alegaciones técnicas del AMB El ejecutivo metropolitano señala al catalán algunas peticiones concretas para salvaguardar la unidad de la ZBE metropolitana. Por ejemplo, conservar el Registre Metropolità d’Exempcions i Vehicles Estranger (200.000 usuarios inscritos) como "un instrumento clave de la gestión coordinada y homogénea de les restriccions". Otro ejemplo: mantener la tasa metropolitana para la gestión de la ZBE, "que contribuye en un 60% a la financiación de esta gestión", complementada con las aportaciones de los consistorios. Además de su posicionamiento político, el AMB también ha registrado alegaciones formales, como los ayuntamientos que han decidido hacerlo también por su parte. En este sentido, AMB y ciertos ayuntamientos metropolitanos muestran diferencias en sus posicionamientos. Por ejemplo, grandes consistorios como Badalona, Sabadell o Mataró no están conformes con la exigencia de que las ZBE locales deban contar con una superficie mínima del 25% del suelo urbano residencial del municipio, mientras que el AMB pide que dicha proporción compute o bien localmente o bien en términos metropolitanos, considerando la ZBE metropolitana como un bloque unitario. Otro ejemplo de discrepancia son las restricciones a los coches con 'etiqueta B' (amarilla). Mientras que los consistorios no están de acuerdo con la progresividad de los plazos para barrar el paso a los vehículos (a vehículos diésel Euro 4 antes del 1 de enero del 2026 y a todos los vehículos con 'etiqueta B' antes del 1 de enero del 2028), el AMB sí concurre con dichos plazos pero pide excluir de la restricción en episodios de alta contaminación a los vehículos con categoría M2 y M3 (buses o autocares destinados al transporte de personas con más de ocho plazas además del conductor). En cualquier caso, las alegaciones del AMB son contundentes en cuanto a la reivindicación del papel de la administración con respecto a las ZBE: "El AMB debe ser siempre consultada como administración que gestiona políticas relativas al Pla de Qualitat de l'Aire 2027 en el ámbito metropolitano", rubrica una de las alegaciones metropolitanas.

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La administración critica en una misiva al ejecutivo catalán las "regresiones" de que el proyecto normativo 'trocee' localmente su ZBE metropolitana

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