Caso Tersa: la acusación insta a la jueza a que investigue a un cargo de la Generalitat

El informe de la Guardia Civil que sostiene que las emisiones de la incineradora Tersa, situada entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs, y avanzado por EL PERIÓDICO, puede poner en “riesgo” la salud ha reactivado el proceso judicial que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona. La acusación ejercida por Airenet ha presentado un escrito ante la jueza en el que insta a que se investigue a la Generalitat por su falta de control en la emanación de elementos contaminantes y las temperaturas de incineración. Por esa razón, solicita que declare como imputado Xavier Guinart Prime, jefe del Servicio de Vigilancia y Control del aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat. El escrito presentado por los abogados de Airenet, Francesc Jufresa, Ferran Grasas y Carlos Claret, recuerda que desde el inicio de la investigación desvelaron que los datos de emisiones de contaminantes de Tersa y los datos de control de la temperatura de la quema de residuos “denotaban una clara y gravísima contravención de la normativa medioambiental”, emitiendo a la atmósfera elementos “altamente dañinos para la salud de las personas”, como dioxinas, furanos y mercurio, entre otros. En este sentido, los letrados recalcan que ahora el informe de la Guardia Civil refuerza sus imputaciones, pues en ese dictamen los agentes sostienen que “no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes como dioxinas y furanos”. Y, en concreto, por las anomalías “aberrantes” detectadas en relación a las temperaturas en la quema de basuras y que incluyen registros de incineración por debajo del límite mínimo de 850 grados. Esta posibilidad sería normal siempre que no se superen los cinco minutos de quema continua por debajo de 850 grados, aunque, según la Guardia Civil, existen meses con “más de 1.000 minutos por debajo” de esa temperatura. Esta circunstancia, al entender de los agentes peritos, esto supone “un riesgo de emisión” de contaminantes que puede provocar un “perjuicio para la salud de las personas”. La jueza instructora, ante la petición de pruebas por parte de la acusación, aseguró en julio de 2023 que se debía esperar al resultado de la prueba pericial ahora practicada por la Guardia civil para poder tener indicios “respecto a la actuación delictiva o no de la Administración”, que, incidió, “no conviene olvidar ha venido validando todos los informes remitidos” desde Tersa, por “lo que no se puede descartar que, para el caso de que los informes policiales acreditaran la posible comisión de delitos” por los investigados (el expresidente de Tersa, exconcejal y en la actualidad diputado Eloi Badia y por el jefe de explotación de la planta) “se pudiera plantear la investigación de la administración pública competente”. Investigados y testigos La acusación ejercida por Airenet ha cogido ahora el guante y requiere la declaración como imputado del director de Qualitat Ambiental, Xavier Guinart, que en su día compareció ante el juez en calidad de testigo. Los abogados de esta asociación recuerdan que, como la Administración “no puede ser responsable en términos penales”, debe “procederse a la investigación de personas concretas” al servicio de la misma y, en este caso, de Guinart. Cuando testificó, el cargo de la Generalitat aseguró que Tersa garantizaba las condiciones de incineración conforme a la normativa, no habiendo advertido ninguna irregularidad, según expone el escrito de la acusación. Airenet, además, pide la citación en calidad de testigo de Mireia Boya, actual directora de la Direcció General de Qualitat Ambiental, y Catalina Cerdà, jefe del área de asesoramiento jurídico en el ámbito de medio ambiente, que fue quien informó el 8 de mayo de 2023 de los supuestos errores en los datos de emisiones y temperaturas. Asimismo, la acusación pide que la jueza requiera a Tersa documentación sobre el directivo de la empresa que tiene la función de supervisar el cumplimiento de la ley en materia de medioambiente, así como que se identifique al personal de la planta que tiene como misión una serie de labores relacionadas con las emisiones de la incineradora. También requiere que se cite como investigada a la persona que jurídicamente representa a la compañía. "Acredita las denuncias" La presidenta de Airenet, Silvina Frucella, considera que el dictamen de la Guardia Civil "acredita las denuncias" de la entidad y confía en que contribuya a acelerar la causa. "Hace seis años que empezamos y nuestra principal denuncia fue que Tersa manipulaba las temperaturas, camuflando las reales, y era un riesgo para la gente. Este informe lo demuestra", opina la responsable de la asociación. Frucella cree que puede haber existido "un doble control" sobre la temperatura en la central, un valor clave para dirimir si se ajusta a los parámetros de polución o los rebasa. "Ninguna planta se podría manejar a 10.000 ºC pero, si fuera real que se midiera esa temperatura, tendría que parar. Pero no ha parado ni ha explotado", enfatiza. Airenet sospecha que "hay unas temperaturas reales que no son las que Tersa informa a la Generalitat". "Hay una situación real que está escondida, lo que es muy grave en una empresa pública y contaminante, que debe ser transparente", esgrime Frucella. La entidad critica lo que tacha de "falsedades" en los balances de actividad de Tersa y "una forma de trabajo deliberada" que, a su juicio, "está amparada por varias administraciones públicas". "La información de las temperaturas aberrantes estaba en manos de la Generalitat y nunca se ha actuado sobre eso", recrimina Frucella.

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