Barcelona dejará de cobrar unos 20 millones de euros en multas por la sentencia contra la ZBE

El revés judicial a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona conlleva una merma de ingresos por multas para la capital. Casi dos meses después de que el Tribunal Supremo anulase la primera ordenanza que implantaba las restricciones a la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental, el gobierno del alcalde Jaume Collboni calcula que se quedará sin cobrar casi el 60% de las sanciones impuestas mientras el reglamento municipal ahora derogado estuvo vigente entre el 1 de enero de 2020 y el 21 de febrero de 2023. Es el período previo a que la normativa fuera modificada para suavizarla tras las primeras resoluciones del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), favorables a los contenciosos que gremios dedicados al motor y asociaciones de conductores emprendieron contra el consistorio. “Las multas susceptibles de anulación por estar pendientes de pago o recurridas son 143.394, por valor de 20,2 millones de euros. Es la cantidad que, como máximo, se dejaría de ingresar”, responde el ejecutivo municipal a EL PERIÓDICO. Si bien sigue recapitulando cuántas alegaciones se interpusieron dentro de plazo, el Ayuntamiento anticipa que la cifra “no tendrá mucho impacto” en las estimaciones de la recaudación en sanciones que deje de percibir por el fallo del Supremo, “ya que las no cobradas se acabarán anulando todas”, señala. Antes del varapalo del Supremo, los servicios jurídicos del consistorio presagiaron que una sentencia en contra del reglamento que rigió la ZBE en Barcelona durante poco más de tres años era “probable”. A resultas del pronóstico, el Ayuntamiento reservó casi 32 millones de euros frente al eventual “riesgo” que los abogados municipales detectaban: ante la hipótesis de un pronunciamiento adverso, auguraban que se tendría que “hacer frente a las posibles reclamaciones que realicen los ciudadanos sancionados por infracciones a la ordenanza de la ZBE”, tal como plasmó la última cuenta general cerrada del consistorio, la de 2022. El montante que el Ayuntamiento provisionó ante la expectativa de un fallo desfavorable del Supremo cubría casi la totalidad de las sanciones tramitadas durante el trienio en que la norma revocada permaneció en vigor. Las cortapisas a los vehículos juzgados como los más contaminantes se saldaron con unas 328.000 multas impuestas entre enero de 2020 y marzo de 2023, por un importe de unos 35 millones de euros. Del conjunto, el consistorio desglosa que 58.000 sanciones fueron “anuladas antes de la sentencia, por diversos motivos”. Sumaban 4,3 millones de euros. En todo caso, el gobierno local niega que la resolución del Supremo obligue a devolver las cuantías de las sanciones ya sufragadas. De los datos municipales se desprende que se han saldado poco más de un tercio de las penalizaciones registradas mientras imperó la regulación abolida. En concreto, se liquidó el 38%: se pagaron 127.000 sanciones, que supusieron 10,5 millones de euros para las arcas municipales. Reintegros no admitidos “Las nuevas alegaciones y recursos que, eventualmente, se presenten contra multas por infracciones cometidas con anterioridad al 22 de febrero de 2023 no serán admitidas a trámite, porque los actos administrativos firmes no son susceptibles de recurso”, argumenta el consistorio. En cambio, las entidades que apelaron contra las limitaciones en días laborables al tráfico de vehículos sin los adhesivos Cero Emisiones, Eco, C o B oponen que se debe reintegrar la totalidad de los ingresos que el Ayuntamiento obtuvo con la reglamentación que el Supremo liquidó. “Tendrá que retornar todas las multas de 2020 a 2023, sí o sí”, sostiene Mònica Xufré, de la Plataforma de Afectados por Restricciones Circulatorias. La asociación de conductores -una de las que litigaron contra la ZBE- explica que ya ha topado con la desestimación del Ayuntamiento a las tentativas formuladas tras el fallo judicial para tratar de recuperar las sanciones costeadas. “Se siente muy cómodo pasándose un derecho por el forro -reprocha Xufré-. Animamos a nuestros asociados a que vayan a un abogado y, si hace falta, que acudan a los tribunales y reclamen el importe con costas”. “Todo los importes deben ser restituidos, porque son totalmente improcedentes. Es lamentable que la administración, habiendo generado un perjuicio, no ponga los medios para restituir a las personas”, esgrime Carlos Folchi, secretario general de la Asociación General de Transportistas Autónomos y Pymes de Catalunya. La entidad sopesa presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial para que se resarza mediante una acción colectiva a todos los sancionados. “Dependerá de cada afectado, algunos no se moverán por una sola sanción, pero hay transportistas que acumulan de siete a 10 multas -afirma Folchi-. La probabilidad de éxito es alta. Con el céntimo sanitario, la administración también dijo que no devolvería nada, planteamos acciones colectivas y se está devolviendo”.

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