La incertidumbre planea sobre el remedio al que Barcelona se encomienda para revertir el exceso de contaminación atmosférica. Las restricciones a los vehículos carentes de las etiquetas ambientales exigidas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) están vigentes desde enero de 2020, extendidas sobre 95 kilómetros cuadrados de la capital y sus aledaños. No obstante, permanecen a la expectativa de que el Tribunal Supremo despeje el interrogante que se dibuja sobre las limitaciones a los modelos de mayor antigüedad. En todo caso, el Ayuntamiento reserva ya casi 32 millones de euros ante la posibilidad de tener que reintegrar las multas impuestas. Es la merma que se vislumbra para las cuentas del gobierno del alcalde Jaume Collboni si se materializa el vaticinio de los servicios jurídicos municipales, que creen “probable” una sentencia que derogue la ordenanza que prohíbe la circulación en horario laboral para los prototipos con más años de matriculación.