Por qué Barcelona ha decidido prohibir los patines eléctricos compartidos en sus calles

Ha tardado tiempo en tomar la decisión, pero finalmente el gobierno de Barcelona ha decidido que los patinetes eléctricos compartidos no rodarán por las calles de la capital catalana. Lo ha hecho después de más de cuatro años de análisis y deliberación, porque es un debate que se empezó hace tiempo, con Ada Colau como alcaldesa, y que ahora zanja su sucesor al frente de la ciudad, Jaume Collboni. Al gobierno municipal no le ha convencido el sector que abandera estos vehículos, que llevaba tiempo esperando luz verde para iniciar su actividad en Barcelona, y que recalca que las empresas que pretendían implantar aquí un servicio compartido de este tipo de vehículo de movilidad personal (VMP) son las primeras partidarias de una regulación para que el fenómeno no se convierta, como en otras ciudades, en una molestia en el espacio público. El RACC defiende el sistema Tampoco ha tenido efecto la posición mostrada por el RACC, cuyo presidente, Josep Mateu, consideró la semana pasada “inevitable y deseable” que en Barcelona se pusiera en marcha un servicio de patinetes eléctricos compartidos. Menos de una semana después de que Mateu opinara en estos términos, el gobierno de Collboni anunció su veredicto, desvelado por su primera teniente de alcalde, Laia Bonet, el miércoles en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO. Los motivos “El patinete ha tensionado el espacio público y hemos tomado la decisión de que no implantaremos los patinetes de ‘sharing’, los patinetes compartidos, en Barcelona. Hemos llegado a la conclusión de que no hay que tensionar todavía más el espacio público con miles de patinetes de sharing, en un espacio ya tensionado”, afirmó Bonet, que precisó que esa tensión podría verse aumentada tanto por la circulación de patinetes por las vías limitadas a 30 km/ hora –porque no pueden ir por las de 50 km/h- como una vez que estuviesen aparcados. “En otras grandes ciudades hemos asistido al impacto del servicio de patinetes de sharing: abandonados, tirados por las aceras, dificultando el paso. Barcelona era una de las pocas ciudades que decidieron no tener patinetes de sharing mientras no hubiera regulación. Hemos concluido que no existe una normativa que nos permita asumir un incremento de patinetes vía sharing en Barcelona”, agregó la concejala socialista. París, el antecedente Barcelona prohíbe de facto el patinete compartido, en el sentido de que no está prevista, informa el consistorio, ninguna medida legal para concretar ese veto. Con no regular la actividad basta. La capital catalana no es la primera ciudad que dice no a este sistema. La primera en hacerlo fue París, el pasado verano, meses después de que en abril los participantes en un referéndum ciudadano en la capital francesa votaran a favor de vetar los patinetes de alquiler. El veto recibió el apoyo del 89% de los participantes, si bien en la consulta participaron solo un 7,9% de los 1,4 millones de parisinos que podían votar. Pese a que la votación era consultiva, la alcaldesa, Anne Hidalgo, se comprometió a actuar en consonancia con el resultado. A diferencia de Barcelona, donde los patinetes compartidos aparecieron en 2019 ante la falta de regulación pero fueron vetados hasta que se tomara una decisión definitiva, en París el sistema estaba regularizado y en la capital francesa operaban empresas de alquiler de patinetes, que tenían 15.000 en sus calles. Su actividad quedó prohibida a partir del 1 de septiembre. Patinetes en el transporte público Otro veto al patinete eléctrico es el que impide desde el pasado 1 de febrero a sus usuarios que lo lleven en los medios de transporte público del Área Metropolitana de Barcelona. Es una prohibición que entró en vigor a consecuencia de la explosión de un patinete eléctrico en un vagón de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el 17 de noviembre de 2022. La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) decidió en diciembre del año pasado a tomar esta medida, que afecta a patinetes eléctricos y otros VMP, como los monociclos, de forma provisional, hasta concluir que la seguridad está garantizada. En junio, se decidió prorrogar tres meses más el veto, con lo que se prolongó hasta el 31 de octubre. La previsión es que para entonces esté preparada la regulación definitiva sobre el acceso y seguridad de estos vehículos.

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