La Generalitat estudia reabrir la oficina de víctimas del terrorismo, cerrada hace una década

La Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT) ha sido el faro que ha guiado a las víctimas de los atentados del 17A y sus familias para afrontar el dolor y salvar dudas a la hora de reclamar sus derechos. Muchas de ellas subrayan que, en realidad, ha sido el único sostén que han hallado. La labor desinteresada de la entidad ha cubierto el vacío que los damnificados por el ataque yihadista nunca han dejado de reprochar a las instituciones públicas, en especial al Ministerio del Interior. “La queja de la mayoría de víctimas es por abandono y falta de asistencia”, apunta Robert Manrique, superviviente de la masacre de ETA en el Hipercor de Barcelona y miembro destacado de la UAVAT. Aunque disuelta el mayo pasado por lo que tachan como falta de apoyo institucional, la entidad conserva el contacto del centenar de víctimas que tiene localizadas y a las que ha prestado respaldo jurídico y psicológico en los últimos años. “A la gente se le debe seguir atendiendo, nos disolvamos o no”, zanja Manrique. Recuerda que, al anunciarse que la unidad se desmontaba, lanzaron tres ruegos: reapertura de la oficina de atención a víctimas del terrorismo que operó en Catalunya entre 2010 y 2012, una ley catalana de víctimas -existente en la mayoría de autonomías- y un protocolo de atención postatentado por “si desgraciadamente tuviéramos otro susto”, enumera Manrique. Las tres peticiones confluyen en el mismo apremio: que la Generalitat tome el relevo de las asociaciones de afectados y asuma su cuota de obligaciones para hallar, informar y auxiliar sin demoras ni pretextos a quienes han sufrido un crimen terrorista. Aunque interponiendo mucha cautela, Manrique asegura que palpa predisposición del Govern para que, ahora sí, se atiendan las demandas que el colectivo que ha respaldado a las víctimas del 17A reitera desde hace años. Fue el pasado 20 de junio cuando dirigentes de los departamentos de Interior y Justícia se encontraron con Manrique y la presidenta de la UAVAT, Sara Bosch, psicóloga especializada en atención a víctimas del terrorismo. “Fue la reunión más provechosa que hemos tenido en 30 años. El primer comentario que recibimos fue: ‘Decidnos qué hemos hecho mal para hacerlo mejor’. Significa que hay interés”, deduce el responsable. En todo caso, puntualiza: “La sensación es que parece que se hará algo y otra lo que se haga. Solicitamos de la forma más humilde que no se duerman y lo hagamos ya”. Una norma aún verde La Conselleria de Justícia confirma los contactos con quienes dirigieron el equipo de atención. “Cada unidad implicada del departamento está estudiando cómo incorporar sus demandas en los actuales protocolos de incidentes con víctimas múltiples”, indica el departamento. Por ahora, no avanza fechas de cuándo los compromisos se materializarán. No es la primera vez que el Govern anticipa que se hará propias las solicitudes de los afectados del 17A. El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, prometió hace un año promover una ley de atención a víctimas del terrorismo. Sin embargo, no ha pasado de la fase de trabajos preliminares, informa Efe. “Estamos estudiando el alcance del tema, que es muy complejo, y valorando todas las opciones que tenemos encima de la mesa”, apostilla Justícia. Por su parte, Manrique ruega celeridad. Menciona una fecha que cree límite: el 15 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo fija la vista para resolver los recursos al fallo judicial del 17A. “Cuando la sentencia ya sea firme, ¿quién atenderá a la gente que necesite información? ¿Tendremos que seguir nosotros buscando a quienes aparecen como víctimas en la sentencia o la Generalitat habrá montado ya algo para hacerlo? Entonces, ¿se puede hacer algo en tres meses? Ojalá que sí”, desea. La búsqueda de los afectados Uno de los desvelos de la UAVAT ha sido tratar de encontrar y contactar a cada una de las personas que constan en los diferentes listados de atendidos por los ataques. Las relaciones son incompletas, dispares entre sí y contienen errores. La resolución de la Audiencia Nacional trató de poner orden, inventariando 345 nombres. Aun así, Manrique advierte que se contabilizan “123 personas más en el sumario que no están en la sentencia”. El juez Félix Alfonso Guevara dejó escrito en el fallo que las víctimas fueron “las grandes olvidadas durante la instrucción”. La UAVAT no ha logrado hallar a más de dos centenares de personas que constan en la resolución. Ignora si han reclamado ser reconocidas como víctimas, ni tan siquiera si conocen los derechos que les amparan. Manrique cuenta que han encontrado a una decena de afectados más que aparecen en la sentencia en el último trimestre. Hasta ahora no han presentado la reclamación para ser resarcidos porque alegan que nadie les había explicado qué tenían que hacer. “El Ministerio del Interior debería de tener a las personas informadas antes de la sentencia, pero no se hace -se queja Manrique-. Además, tenemos muchos expedientes parados. Lo único que les podemos decir es que esperen a la sentencia firme. Podrían hacer los trámites ahora, pero se lo denegarían. Quienes ya conocíamos siguen pidiendo cosas tan sencillas como un documento que le acredite que son víctimas de un atentado para pedir la exención en las tasas de la universidad, pero el ministerio dice que no lo puede tramitar hasta que la sentencia sea firme. Dice que entonces contactará con las víctimas pero, mientras tanto, no se preocupa”.

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