La Diputación de Barcelona paga un 31% más en sueldos de alcaldes y concejales

Los pactos para subir los sueldos a alcaldes y concejales tras las elecciones municipales han despuntado en ayuntamientos de Catalunya y el resto de España, levantando la consabida polémica. No obstante, cabe tener en cuenta que no siempre son los consistorios los que gratifican a los ediles. Las diputaciones son también pagadoras habituales de cargos municipales. Los electos locales que simultáneamente ocupan plaza en otras instituciones solo pueden cobrar un sueldo público -al margen de las indemnizaciones por asistencia a las que tienen derecho- y están facultados para elegir de qué administración serán asalariados. Así, es habitual que una lista abultada de alcaldes y concejales consignen su nómina a los órganos supramunicipales, como los provinciales, comprometiendo una dedicación exclusiva difícil de conciliar con su consistorio, sobre todo en el caso de los alcaldes. La ley así lo permite: las finanzas locales se ahorran un sueldo y los ediles pueden obtener una retribución mayor de la que percibirían en el ayuntamiento, en especial si es pequeño, porque los salarios de concejales y alcaldes tienen un tope legal según el número de habitantes de la localidad. La constitución del nuevo pleno de la Diputación de Barcelona ha deparado que el organismo pague más en emolumentos a sus representantes en el mandato recién estrenado que en el anterior. La cuantía es superior tanto si se compara con la que se desembolsaba en 2019, al inicio del cuatrienio anterior, como con la que se costeaba hace pocos meses, al agotarse la legislatura. A tenor del decreto que detalla qué concejales manifiestan dedicación exclusiva o parcial al ente presidido por Lluïsa Moret, la Diputación invertirá 237.992,99 euros brutos al mes en sueldos para 37 de sus 51 diputados. Estimando las 14 pagas que se liquidan al año, el montante asciende a 3,33 millones de euros. La suma supera los 3,11 millones que el organismo presupuesta desde 2020 para remunerar a sus órganos de gobierno. La Diputación responde que la previsión se trazó atendiendo a "la estructura del gobierno del mandato pasado". La masa salarial de los diputados se ha ampliado un 31,3% si se compara con la de julio de 2019, cuando Núria Marín se puso al frente del ente. Al comienzo del pasado mandato, se acordó transferir 181.166,06 euros al mes, que equivalían a 2,53 millones de euros brutos anuales, a repartir entre 30 diputados. La cantidad es algo inferior a la que se estableció al arrancar la etapa de Mercè Conesa, en julio de 2015: se abonaban 196.523,19 euros al mes a 37 cargos que, al cabo del año, eran retribuidos con 2,75 millones brutos. Antes de que la última legislatura expirara por los comicios de mayo, la Diputación remuneraba a 31 miembros del pleno con 195.409,40 euros brutos. Por 14 pagas, suponían 2,73 millones de euros al año, un 21,79% menos de lo que se sufragará a partir de ahora. Sobre una eventual congelación o reducción de salarios para compensar la subida, la institución replica que "no se puede saber por ahora". "Sería, en todo caso, decisión del Gobierno y del Pleno de la Diputación", agrega. Revisión salarial El aumento del coste en sueldos no atiende a una escalada repentina de las remuneraciones. De hecho, el organismo no ha revisado la tabla salarial tras las municipales. Sí lo hizo en febrero, cuando todos los partidos del pleno (PSC, ERC, Junts, En Comú Guanyem, Cs, PP y Tot per Terrassa) ratificaron una mejora del 2,5% para los diputados, de acuerdo al porcentaje permitido por los Presupuestos del Estado y en consonancia con el que se aplicó a la plantilla del ente. Cada subida en los últimos años se ha ceñido al mismo patrón. Los honorarios brutos para los representantes políticos del órgano son un 6,9% más altos que en 2019 y un 12,3% más que en 2015. Más que por las actualizaciones periódicas, el incremento de gasto se debe a que ahora se contabilizan más diputados a los que se asigna una nómina. La ley ampara a la Diputación para que, como máximo, reconozca que 32 de sus representantes le brindan tiempo completo. A diferencia de los dos últimos mandatos, todas las plazas con derecho a un sueldo íntegro se han ocupado esta vez sin dejar vacantes. También se han cubierto cinco de los 15 puestos a los que se autoriza atribuirse jornada parcial. El pasado mandato comenzó y terminó con 27 dedicaciones exclusivas declaradas. Hace ocho años se concedieron 29. Escalas retributivas Los salarios se dividen en tres niveles para los que atestiguan exclusividad a la Diputación y dos para los que la ejercen a tiempo parcial. Se ha suprimido la escala más baja, en la que se encuadraba a los portavoces adjuntos de los partidos: pasan de 4.263,96 a 6.368,35 euros al ascender de tramo. En este mandato, solo se ha nombrado un adjunto, Raül Garcia, de Junts. El nivel retributivo A2 (7.152,70 euros brutos al mes) se reserva a vicepresidentes, miembros de la comisión ejecutiva y presidentes de grupos políticos. Encasilla a 14 diputados, dos más que hace cuatro años y tres más que antes de las municipales. La categoría A3 (6.368,35 euros) atañe a presidentes delegados de área, diputados delegados y adjuntos, portavoces de grupo y sus adjuntos. Engloba a 17 cargos, cuatro más que en el cuatrienio anterior. Los diputados con dedicación parcial disponen de sueldos de 5.364,53 a 1.592,09 euros, según las funciones y las horas de trabajo que prefijan. Todas las formaciones cuentan con representantes que cobran de la Diputación, sin que se preestablezca un número de plazas por partido. El que más es el PSC, el partido mayoritario y el que preside el organismo: 12 de sus 17 electos ingresan salario. Le siguen las otras fuerzas del gobierno: seis de los 11 integrantes de ERC recaudan un sueldo, así como cuatro de los cinco de En Comú Podem, además de los tres díscolos de Junts en el ejecutivo. Tres de los nueve posconvergentes en la oposición ingresan una nómina, así como tres de los cuatro componentes del PP y los dos únicos representantes que tienen Vox y Tot per Terrassa.

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