La hija de Andrea revolotea agarrada a unos folios y unos rotuladores mientras la madre relata el vía crucis que recorren a la espera de que Barcelona les salga al rescate. La Mesa de Emergencia de vivienda acordó en 2021 proporcionarles un piso, meses después de ser desahuciadas. Unos conocidos les brindaron cobijo antes de que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona -participado por la Generalitat y el Ayuntamiento- admitiera que les amparaba el derecho a mudarse a un alojamiento estable, a cambio de abonar un alquiler social. Sin embargo, la entrega de las llaves permanece encallada desde hace unos dos años. Es lo que le sucede a 707 demandantes de domicilio y sus familias en la capital: pese a contar con un expediente aprobado, carecen del hogar que la administración les debe surtir.