La supresión de 30 terrazas "incumplidoras" en el centro de Barcelona abre otra guerra con la hostelería

La hostelería de Ciutat Vella anda revuelta por partida triple en los últimos tiempos. La última crisis se vive en la trinchera que conforman una treintena de terrazas que no han obtenido la renovación para este año por acumular infracciones y se deben desmantelar. Los afectados están presentando alegaciones para evitarlo, porque en algunos casos el local donde se ubican es tan pequeño que la continuidad del negocio queda en la cuerda floja sin su habitual velador, en algunos casos llevan décadas en funcionamiento. El distrito cree que ha llegado la hora de liberar espacio público a costa de "incumplidores", mientras que el Gremi de Restauració replica que algunas denuncias son desmesuradas y que los resultados electorales deberían bastar para paralizar la medida. El anuncio de esta medida por parte del concejal Jordi Rabassa a finales de marzo cayó como un jarro de agua fría en el sector. Se sumaba al cabreo de hace unos meses por la no consolidación de la mayoría de sus terrazas covid (con permisos extraordinarios desde la pandemia), al contrario que en otros distritos en los que se pudieron convertir en permanentes. Pero además llovía sobre mojado, con el recorte horario aplicado a los establecimientos de diversas calles, a los que se han sumado otros 28 afectados, según anunció precisamente este martes el ayuntamiento. En el caso de las 30 terrazas a las que no se renovará el permiso de terraza este año, las casuísticas son variadas. Hay negocios pequeños, y también alguno muy conocido, como el Taller de Tapas de Sant Josep Oriol, o uno de los dos grandes veladores del Salamanca, en el barrio marinero. La afectación va de perder las seis mesas de unos, hasta las 30 que ostentaba el último mencionado, con importantes pérdidas económicas, aducen en el sector. De la Barceloneta al Gòtic El ayuntamiento no ha querido detallar el listado para no poner el foco en ningún empresario, pero sí se sabe que buena parte se ubican en el paseo de Joan de Borbó (Barceloneta), así como en la Rambla o la plaza de Sant Josep Oriol (Gòtic). “Lo hacemos con las más incumplidoras”, subrayó el edil hace dos meses. Pese al incremento de inspecciones y de multas, relató, algunos operadores siguieron sin atenerse a la normativa, sumando hasta cinco incumplimientos. Por ese motivo, decidió recurrir a esta medida pionera de no renovar licencias por un año. Lo justificó en el “respeto al espacio público. No respetan la vida comunitaria”. “Empezamos con estas pero el año que viene haremos más: no concederemos renovación de licencias” (en esas circunstancias)”. Dejó claro que hay un tiempo de alegaciones (aún en marcha) pero que tras el periodo administrativo “tendrán que acabar retirando la terraza”. En el caso del entorno de la plaza de Sant Josep Oriol, el impacto será evidente porque desaparecerán la mitad de las terrazas. En concreto las del Taller de Tapas, el Bar Mono (uno de los más recientes éxitos de la zona), Mateo y el Patapas. Los afectados señalan que en algunos casos la sanción les llegó por poner dos mesas de más en casos en que un grupo familiar precisaba más espacio, o por una estufa o salirse del perímetro marcado. Señalan que si colocan las mesas entre las marcas que dicta el consistorio, los comensales apenas están a unos centímetros entre mesas. Uno de ellos cuenta que ya han vivido un recorte de ocho a seis, y finalmente cuatro mesas, que les supuso suprimir empleos, y que ahora no descartan incluso el cierre del negocio. En su interior no hay apenas espacio para asumir los costes del alquiler, dicen. El Gremi de Restauració de Barcelona, que representa jurídicamente a la mitad de los casos, ve sorprendente la decisión municipal a las puertas de la temporada alta de trabajo y teniendo en cuenta que, según la ordenanza vigente, las licencias se habrían renovado automáticamente el 1 de enero. Supuesta persecución “La finalidad real no parece ser hacer cumplir la normativa, sino seguir con la campaña de hostigamiento a los restauradores que el distrito ha llevado a cabo durante todo el mandato”, opina su director, Roger Pallarols. También cree que “la precipitación de una actuación contundente por parte de la administración”, que resultaría “muy mediática” se enfocó con vistas a las elecciones municipales. El gremio cuestiona algunas infracciones, que “llegan a rozar lo absurdo”, como utilizar una cubitera con peana, y cree que el objetivo es "perjudicar al sector con un acoso constante" hasta desgastarlos. Algunos operadores aseguran haber vivido inspecciones continuadas. La patronal ha presentado, en consecuencia, alegaciones que apuntan a un “procedimiento plagado de irregularidades, no renovando licencias ya renovadas”.”La administración se sirve de sus muchas prerrogativas para vapulear a los restauradores”, insiste Pallarols. Tras los resultados electorales del pasado domingo, el sector cree que “la ciudadanía ha dicho ‘basta’ a esta manera de gobernar la ciudad, a la cultura de la confrontación y la persecución de las actividades económicas”. El Gremi defiende el "cumplimiento de las normativas" y afirma hacer pedagogía todo el año entre sus asociados, pero mantiene que los 30 expedientes no pueden prosperar por falta de base jurídica y “deben ser archivados”.

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