La falta de vivienda asequible es uno de los motivos de debate en la campaña de las elecciones municipales en Barcelona, también en buena parte de las poblaciones del área metropolitana. El Ayuntamiento ha pasado de atesorar unos 7.500 domicilios al inicio del mandato de la alcaldesa Ada Colau en 2015 a contar ahora con unos 11.600. La capital ha amasado unos 4.100 a lo largo de los últimos ocho años, lejos de los 8.000 que la candidata a la reelección prometió antes de tomar la vara de mando. De todos modos, el esfuerzo del consistorio por ampliar la dotación contrasta con la magra cantidad de pisos de protección oficial de la Generalitat. De hecho, el Incasòl no ha acabado ni uno solo en la urbe desde 2019. Aparte, otra arista es la larga espera a que se suele someter a vecinos y familias para acceder a una vivienda que les alivie de las penurias para costearse un techo y del riesgo de caer en un desahucio.