El 'caso Tersa' destapa el escaso control en tiempo real de las emisiones tóxicas en Catalunya

La Generalitat no revisa en tiempo real los datos que recibe minuto a minuto de la polución que genera la incineradora de Tersa, situada en la frontera entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs, ni tampoco de otras 67 empresas que le informan de sus emisiones. Dicho de otro modo: nadie ni nada en el Departament d’Acció Climàtica examina de inmediato los niveles de partículas y otras sustancias potencialmente insalubres que expulsan la planta que más toneladas de basura quema en Catalunya y otros complejos industriales con alto riesgo de incidencia sobre la atmósfera, como la petroquímica de Tarragona, pese a recabar mediciones constantes cada 60 segundos. La 'conselleria' así lo reconoce a EL PERIÓDICO, después de que una investigación de este medio detectase que los minutajes que facilitó al juzgado que escruta en un supuesto delito ecológico en Tersa plasman valores que revelan posibles vulneraciones mayúsculas y reiteradas de los umbrales de diversas sustancias contaminantes, al menos entre 2018 y 2019. Advertido por las preguntas de este diario, el departamento dice ahora que los enormes grados de polución reflejados en las hojas de cálculo no son resultado de transgresiones de la norma, sino un error masivo a raíz de un presunto descuido informático al traspasar las cifras correspondientes a cinco años a documentos Excel para remitirlas al juzgado. La sospecha es que las inexactitudes se cuentan por millones. Acció Climàtica está facultada para conceder las autorizaciones ambientales integrales -un permiso esencial que concreta límites de emisiones y otras precauciones- y controlar si las fábricas las cumplen. Técnicos del departamento admiten que las superaciones de los topes legales que eventualmente se produzcan se chequean a toro pasado, nunca de forma preventiva en el momento en que acaso se cometen. “Se hace una comprobación de la coherencia de los datos de los minutajes cuando se descargan, por posibles errores que se detectan de forma automatizada. No miramos emisiones”, apuntan. El Govern delega la responsabilidad en cada una de las compañías fiscalizadas, en quien la ley descarga la obligación de autocontrolarse en todo momento y sin que interceda una reválida en paralelo a cargo de la Administración pública. Hay ocasiones en que algunas factorías han rebasado los baremos de contaminación en los dos últimos años, manifiesta el personal consultado. En esos supuestos, la Generalitat es competente para expendientar y sancionar. Tras el supuesto fallo destapado por este diario, la 'conselleria' tiene pendiente reenviar el duplicado con los datos de emisiones de Tersa a la jueza de Badalona que investiga la posible contaminación, esta vez sin incorrecciones. El departamento afirma que la base de datos de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), donde las cantidades se vuelcan en continuo, conserva los cálculos verídicos sobre los gases y partículas que la incineradora del Besòs diseminó. Según el departamento, las cifras reales difieren de las que trasladó por orden judicial en julio de 2022. En todo caso, queda pendiente que presente los listados de nuevo para corroborar si, como han testificado representantes del Govern en el juzgado, no consta que se produjera ninguna anomalía en la central de tratamiento de residuos. La fiscalía ha pedido que, en base a la documentación que obra en la causa, la Guardia Civil aclare si Tersa rebasó los márgenes normativos. Más de 150 focos El sistema informático de la Generalitat recopila los resultados de emisiones de 130 chimeneas repartidas por Catalunya y 24 antorchas de la petroquímica de Tarragona. No se obtiene un solo dato por cada foco: en las incineradoras, por ejemplo, se llegan a recoger anotaciones de 15 indicadores distintos cada minuto. Personal de Acció Climàtica remarcan que se reúne una cantidad de información tan ingente que no existe infraestructura capaz por ahora de cotejar todos los registros al mismo tiempo que los procesa y discernir en vivo cuáles se ajustan a las reglas y cuáles no. “No hay ninguna administración en el mundo que las controle minuto a minuto. Aunque lo hemos buscado, no hay un programa comercial que lo haga en control de emisiones”, alegan estas fuentes. Resaltan que, además, los requisitos no son exactamente idénticos para todos los tipos de empresas que aportan datos, lo que complica aún más adaptar un sistema operativo con variables que divergen según la planta. De todo ello se desprende que no existe una alarma que salte en las oficinas de la Generalitat justo en el instante en que un foco emisor franquee los máximos marcados por la ley. Por su parte, Tersa explica que sí se evalúa a sí misma sin interrupción. Añade que, de darse una superación en las emisiones, la propia compañía se encarga de detener la quema de residuos, como prescribe la normativa, y sin tener que aguardar instrucciones del Govern. La firma -propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana- niega toda infracción y asegura que nunca paralizó su actividad entre 2018 y 2019, los años que las hojas de cálculo que el Govern facilitó a la jueza han puesto bajo sospecha. 'Software' por desarrollar Las empresas presentan un informe anual de emisiones a la 'conselleria'. “Podemos comprobar con los datos si han cumplido o no, pero el continuo no lo hacemos. No quiere decir que no lo acabemos haciendo”, puntualizan técnicos de la Generalitat. En ese sentido, señalan que Acció Climàtica estudia desarrollar un ‘software’ propio para paliar la falta de control simultáneo a la dispersión de contaminantes. “Debe permitir mejorar la gestión y ciertas visualizaciones, con las que sería más fácil poder tener ciertas alarmas”, comentan. La implantación del sistema no se augura rápida y queda por saber cada cuánto sondearía si las industrias se ciñen a las obligaciones. A su vez, los técnicos esgrimen que existen “vías indirectas” de inspección. Citan como ejemplo los márgenes horarios que las compañías no pueden rebasar para avisar que se han excedido en los límites de contaminación. "Si no los cumplieran, se detectaría en las evaluaciones anuales”, sostienen. Aparte, median controles periódicos, como el de establecimiento -al que Tersa se somete cada dos años-, y mediciones manuales trimestrales o semestrales de dioxinas y metales pesados. Dado que la Generalitat reconoce que no tiene capacidad para auditar las mediciones a la par que las recibe, ¿para qué acumula entonces registros de emisiones un minuto tras otro, durante las 24 horas y todos los días de tantas empresas a la vez? Catalunya lo regula así desde 2018, pero no hay directiva europea ni norma en España que lo exija. “Se podría dar un incidente en un foco concreto del que fuéramos alertados y la XEAC nos permite ver las emisiones”, defienden en Acció Climàtica. Añaden que la red “no está hecha para ordenar que paren máquinas, que no es obligación de la Generalitat”, pero destacan que los valores captados al instante ofrecen cierta garantía frente a la tentación que alguna empresa pueda sentir de modificarlos a posteriori. En todo caso, los técnicos admiten que cabe el riesgo de que las cifras sean manipuladas en origen. “Si las empresas lo hacen, sería difícil que lo pudieran mantener, porque hay entidades colaboradoras de la Generalitat que hacen seguimiento cada año para comprobar que el calibraje es correcto”, subrayan.

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